Por El Siglo / 10/09/2021

Valparaiso, 14 de marzo de 2018. El diputada Carmen Hertz asume la presidencia de la Comision de Derechos Humanos DDHH de la Camara de Diputados. Raul Zamora/Aton Chile

La abogada y diputada Carmen Hertz, señaló en entrevista con ElSiglo.cl, que en cuanto a las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar, los responsables “no han sido sancionados debida y oportunamente”. Sostuvo que “la memoria colectiva ha sido dañada por políticas de olvido”. Respaldó la decisión de convencionales constituyentes de terminar con el secreto de la Comisión Valech porque “es contrario a las normas del derecho internacional”. Sobre la situación actual en materia de DDHH, apuntó que “este Gobierno ha violado en forma grave, generalizada y sistemática los derechos fundamentales de las personas, como el derecho a la vida, la integridad física y psíquica y la libertad de las personas”. Denunció que “Carabineros y Fuerzas Armadas gozan de una amplia autonomía legal y de facto, no existe una doctrina de respeto a los derechos humanos. Por el contrario, siguen anclados a la lógica de la ‘seguridad nacional’, concepto de la guerra fría que ve al opositor político y al manifestante como un ‘enemigo’ al que es necesario castigar en cualquier forma”.

Hugo Guzmán Rambaldi. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 10/09/2021. Revisando datos, se comprueba que hay más de mil detenidos desaparecidos de la dictadura que aún no son hallados. Hay muchísimos procesos por desapariciones y ejecuciones que no han concluido o están abiertos. ¿Esto indica que en cuanto a verdad y justicia el Estado chileno todavía tiene un déficit inmenso?

Los crímenes de exterminio de la dictadura cívico militar, propiciados y aplaudidos por la derecha chilena  y que sus actuales representantes hoy  pretenden negar o relativizar, no han sido sancionados debida y oportunamente. La verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, obligaciones de cualquier Estado decente y realmente democrático, se han relativizado. La verdad social es insuficiente, la memoria colectiva ha sido dañada por políticas de olvido, la justicia ha sido tardía, la reparación social deficitaria. Los cómplices civiles de los crímenes viven en la impunidad no solo penal, sino moral, política y social. Esas han sido las consecuencias de como se construyó la transición chilena, sobre pacto tácitos de impunidad y dejando fuera al movimiento popular, el artífice real del término de la dictadura.

En la Convención Constitucional se planteó levantar el secreto respecto de la información contenida por la Comisión Valech, pero salieron voces en contra con el argumento que se lastimaría a quienes entregaron los testimonios de torturas y agresiones. ¿Cuál es su posición?

El secreto de 50 años del Informe Valech, consignado en el segundo informe, mediante una ley express que creó la comisión de prisión política y tortura no hablaba de secreto, no es efectivo que haya sido pedido por las víctimas. Basta con la reserva. Los formularios que llenaron jamás hablaban de secreto. Surge con la ley express que tramitaron después. Imponer el secreto es contrario a las normas del derecho internacional de los derechos humanos, impide investigar un crimen tan brutal como la tortura. Si una víctima no acepta la publicación, tiene derecho total a hacerlo. El secreto universal impuesto esta dentro de la lógica transicional de impunidad pactada.

Hasta el 2019 el tema de derechos humanos estaba concentrado en lo ocurrido durante la dictadura. Pero vinieron los miles de casos, incluso representados en querellas, de violaciones en 2019 y 2020. Se habló de violaciones masivas y sistemáticas, se presentaron miles de denuncias y datos. ¿Con este Gobierno se volvió a repetir lo de la dictadura, del Estado violando amplia y sistemáticamente los  derechos humanos?

A partir especialmente de la revuelta popular del 18 de octubre este Gobierno ha violado en forma grave, generalizada y sistemática los derechos fundamentales de las personas, como el derecho a la vida, la integridad física y psíquica y la libertad de las personas. Hay un patrón de conducta de los agentes del Estado contra la población civil para castigar e impedir la protesta social. Miles de detenidos, cientos de lesionados, más de 8.000 personas heridas, casi 500 mutilaciones oculares -el triste record como país, mayor cifra que en zonas de conflicto bélicos-, torturas, abusos sexuales. Estamos frente a una responsabilidad penal internacional de las máximas autoridades civiles y policiales de nuestro país.

El Presidente Sebastián Piñera tuvo que declarar aquí en Chile en una querella en su contra por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. El ex juez español Baltasar Garzón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Asociación Americana de Juristas y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia, enviaron un escrito a la fiscal general de la Corte Penal Internacional, para que investigue e inicie un juicio contra el mandatario por miles de casos de violaciones a los derechos humanos. El dictador Augusto Pinochet también vivió un proceso internacional por las mismas razones. ¿Empató Piñera con Pinochet?

Lamentablemente el paraguas de la impunidad para estos actos atroces sigue vigentes,  con ínfima cantidad de agentes del Estado formalizados o condenados. Incluso el rol del Ministerio Público en las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos ha sido duramente cuestionado por instituciones como el Centro de Justicia para las Américas, dependiente de la OEA (Organización de Estados Americanos), que acusó faltas a los estándares mínimos internacionales sobre la materia, amén de la sistemática obstrucción de Carabineros a la labor judicial.

¿Usted cree que realmente en las Fuerzas Armadas, Carabineros y Policía de Investigaciones hay una doctrina de respeto a los derechos humanos?

Carabineros y Fuerzas Armadas no están subordinados en forma real al poder civil, gozan de una amplia autonomía legal y de facto, no existe una doctrina de respeto a los derechos humanos. Por el contrario, siguen anclados a la lógica de la “seguridad nacional”, concepto de la guerra fría que ve al opositor político y al manifestante como un “enemigo” al que es necesario castigar en cualquier forma.

Pasaron 48 años del golpe de Estado. ¿Cuál es el panorama en materia de derechos humanos? ¿Mejoraron, empeoraron, es un tema que sigue cruzando a la sociedad chilena?

A 48 años del golpe de Estado, esa contrarrevolución feroz, con platas extranjeras, para restaurar a la oligarquía y aplastar el movimiento popular y democrático, los derechos humanos siguen siendo clave en la reconstrucción de nuestra sociedad. Debe ser la columna vertebral de la nueva Constitución y del pacto social que nos permita vivir en dignidad, inclusividad, respeto y, en definitiva, ser una sociedad mejor y más feliz.