Por El Siglo / 12/04/2022
El positivo impacto de aprobar que “Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico”. El dato de que todas las normativas que fueron aprobadas, contaron con una amplia mayoría. El llamado a la ciudadanía a informarse bien y el asumir una mejor comunicación desde la Convención. “Estoy tremendamente esperanzado con la Convención” dijo el Presidente Gabriel Boric. Todo lo que hizo la instancia constituyente la semana pasada. María Elisa Quinteros, presidenta de la CC dijo: “Lo que estamos construyendo por sí es válido, porque lo estamos haciendo de una forma conjunta y democrática”.
Equipo “El Siglo”. Santiago. 12/04/2022. Las y los convencionales constituyentes llegan a trabajar más de doce horas diarias, estudian proyectos y propuestas, participan en comisiones, y van decidiendo lo que será el contenido de la nueva Constitución, que será plebiscitado el próximo 4 de septiembre.
Una vorágine de trabajo que es golpeada por “noticas falsas”, rumores, mentiras dichas inclusive por convencionales, distorsiones sobre contenidos y opiniones respecto a la credibilidad y capacidad de las y los integrantes de la Convención Constitucional.
En contrapunto, son constatables los importantes avances de la instancia constituyente y factores como que las normativas aprobadas lo son por una gran mayoría, lo que rompe el mito de que hay sectarismo o maximalismo. Se va viendo que hay acuerdos y que, como en todo proceso democrático, existen minorías que, en este caso, representan a segmentos que no quieren que haya nueva Carta Fundamental o están en posturas conservadoras contrarias a los cambios.
En cuanto al trabajo de comisiones, se aprobaron importantes propuestas referidas a derechos sociales como educación, salud y seguridad social; sobre sistema económico, seguridad pública, regulación de Fuerzas Armadas, derechos laborales, migración, entre otras materias. Cabe recordar que las normas aprobadas en comisiones no han ingresado aún al proyecto constitucional. Para su ingreso necesitan el voto favorable de los ⅔ de las y los constituyentes reunidos en el Pleno. Sistema Político. La comisión terminó las votaciones en general de las iniciativas comprendidas en su bloque 2 sobre Seguridad Pública y FF.AA, Relaciones Exteriores, probidad y estados de excepción constitucional. Entre lo aprobado está el reconocimiento constitucional de los colegios profesionales cuya “labor consiste en velar por el ejercicio ético de sus miembros, promover la credibilidad de la disciplina que profesan sus afiliados, y representar oficialmente a la profesión ante el Estado”. También la propuesta que establece restricciones a la tenencia y porte de armas, así como la regulación de las Fuerzas Armadas. Estas últimas “dependen del ministerio a cargo de la defensa nacional, destinadas al resguardo de la soberanía, independencia e integridad territorial de la República, ante agresiones externas. Para las policías y las FF.AA. se indica que ejercerán sus funciones con respeto a los derechos fundamentales, obedecen al poder político y son no deliberantes. Sobre las normas que regulan las Relaciones Internacionales la comisión aprobó propuesta que plantea que “Chile declara a América Latina como región prioritaria”. Medio Ambiente. La comisión finalizó las votaciones de más de mil indicaciones a 400 artículos sobre bienes naturales comunes, modelo económico y derecho humano a un medioambiente sano. La Comisión definió, finalmente, alrededor de 50 nuevos artículos. Estos se refieren a la naturaleza jurídica del agua, soberanía alimentaria, minerales, conservación de los océanos, glaciares, política fiscal y más. Entre los artículos aprobados, se establece el reconocimiento al derecho humano al agua y el saneamiento; con la priorización de su uso para ese fin. Respecto a la regulación de la minería, se recoge en parte el actual texto constitucional, en relación al dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible que tiene el Estado sobre todas las minas y las sustancias minerales existentes en el territorio nacional. En materia económica, se estableció que el Estado promoverá la justicia social, ambiental e intergeneracional. Para alcanzar dicho objetivo puede regular, fiscalizar, planificar, conducir, fomentar y desarrollar actividades económicas. Junto a este nuevo informe, la Comisión de Medio Ambiente también votó las indicaciones a los dos artículos que no obtuvieron los 103 votos afirmativos en el Pleno el pasado viernes 25 de marzo. Se trata de los artículos 12° y 19°, sobre bienes comunes naturales y el acceso responsable a la Naturaleza. Derechos Fundamentales. En dos maratónicas sesiones la comisión de Derechos Fundamentales deliberó y votó en particular las iniciativas relacionadas a derechos sociales como educación, trabajo y pensiones. Ahora, estas normas pasan al Pleno de la Convención Constitucional para buscar la aprobación de las y los 154 convencionales. En ese sentido, la coordinación de la instancia, encabezada por Janis Meneses y César Valenzuela, realizó un positivo balance del trabajo que culminó con 25 artículos. Entre las iniciativas que pasan al máximo órgano constituyente se encuentra el Derecho a la seguridad social. Esta norma señala que la Constitución garantiza a toda persona el derecho a la seguridad social, fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. Respecto a otro de los mitos que han rodeado el trabajo de la Comisión, sobre una “expropiación” de los fondos de pensiones por parte del Estado, el coordinador César Valenzuela fue tajante en desmentir aquello: “Quiero dar un mensaje con mucha claridad no le van a quitar a las personas los fondos de pensiones ni voluntario ni obligatorio, eso no es efectivo. Hay una norma sobre propiedad que ya está aprobada, que está en el borrador de nueva Constitución, que reconoce expresamente el derecho de propiedad en sus diversas especies y sobre toda clase de bienes y, por lo tanto, es parte del patrimonio de las personas”, dijo. Otra de las iniciativas aprobadas por la Comisión, tiene que ver con que el Estado garantiza la protección del trabajo decente. Este comprende el derecho a la libre elección del trabajo en condiciones equitativas, sujeto a reglas de seguridad, el derecho al descanso, desconexión digital y garantía de indemnidad. La comisión también aprobó la norma referida al derecho a la educación, que propone que esta será integral y de excelencia, se regirá por los principios de no discriminación, interculturalidad, inclusión, justicia, con enfoque de género y no sexista, ambiental, y con pertinencia territorial, cultural y lingüística. Otros derechos que se discutirán en el Pleno serán el derecho a la salud, los derechos de cuidado, al deporte, sindicalización, derecho humano al agua y al saneamiento, autodeterminación informativa y a la protección de datos personales. Principios Constitucionales. Esta semana la comisión de Principios Constitucionales realizó la votación en particular de las normas ingresadas desde la comisión de Derechos Fundamentales. Aprobó así los derechos de las personas mayores; derechos de las personas en situación de discapacidad; de niñas, niños y adolescentes; el principio sobre el trabajo decente; entre otros puntos. Cabe destacar que la comisión aprobó el derecho a migrar desde y hacia Chile, así como el derecho al asilo. Este es entendido como que “toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo, de acuerdo con la legislación nacional y los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile”. En esa línea, se incorporó el principio de no devolución, donde “ninguna persona solicitante de asilo o refugiada será regresada por la fuerza” a territorios donde su vida o libertad pueden verse amenazadas. Asimismo, recibió exposiciones de la relatoría de participación popular sobre IPN del derecho a la vejez; a la Defensora de la niñez Patricia Muñoz; y a expositores de ACNUR en materia de migración. Forma de Estado. La comisión de Forma de Estado realizó el proceso de votación en particular del Bloque 3, sobre cargas tributarias y ruralidad, democratización del poder, grupos históricamente excluidos y organización fiscal. En materia fiscal se aprobó que “todas las personas y entidades deberán contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante el pago de los impuestos, las tasas y las contribuciones que autorice la ley”; también normas sobre descentralización fiscal y administración pública. En este último punto, se aprobó que en el ejercicio de la función pública se deberá observar una conducta funcionaria intachable y responsable. Asimismo, que es deber del Estado proveer de servicios públicos universales y de calidad a todas las personas que habiten en su territorio; monitoreará e implementará las políticas públicas. Sistemas de Justicia. Los integrantes de Sistemas de Justicia terminaron con las votaciones en particular de los bloques 2 y 3, sobre justicia constitucional y órganos autónomos. Entre las iniciativas aprobadas se encuentran la creación de la Corte Constitucional, órgano autónomo, técnico, profesional, independiente e imparcial, encargado del control de la supremacía de la Constitución. Además, acordaron que el Servicio Nacional del Consumidor se llamará “Agencia Nacional del Consumidor”, cuya finalidad es la protección de las personas en su rol de consumidoras y usuarias de bienes y servicios; contará con facultades fiscalizadoras, sancionatorias y regulatorias. Preparándonos para armonización. Una vez que concluya el trabajo en comisiones y votaciones en el Pleno, se iniciará el trabajo de la comisión de Armonización. Esta deberá revisar todos los artículos aprobados y dotar al texto de un formato y orden. Para preparar esa etapa, la Convención contó esta semana con el apoyo en diversos talleres de la Fundación Max Planck; organización sin fines de lucro que brinda asistencia técnico-legal políticamente neutral e imparcial a Estados, así como a organizaciones de la sociedad civil que se encuentran en proceso o participan en procesos similares de cambio constitucional o legal. Actualmente, la fundación trabaja en el proyecto “Apoyo al proceso de elaboración constitucional de Chile”, financiado por el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania. Su colaboración se enmarca en el Convenio firmado con la Convención Constitucional a través del Instituto Desafíos de la Democracia.