Domingo 23 de Septiembre del 2018

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“Hay un apartheid de la vivienda en Chile”

 

“Hay un apartheid de la vivienda en Chile”

Arquitecto Miguel Lawner reiteró realidad de segregación y discriminación. Estableció que “edificios guetos y torres monstruosas agreden a la comunidad”.

Hugo Guzmán. Periodista. Es preciso en argumentar que en materia de vivienda se llegó a “extremos francamente peligrosos en nuestro país” y califica como “mistificación” y “magnificación” iniciativas como la promovida por Joaquín Lavín en Las Condes. Califica de “perverso” el mecanismo del subsidio habitacional y pone el acento en el tema del suelo, de la especulación con los terrenos, donde sitúa el primer origen de la segregación habitacional.

Miguel Lawner aborda en entrevista el escenario de la vivienda social y los desafíos en el país, sin dejar de mencionar iniciativas como las de Daniel Jadue en Recoleta, que implican aprovechar condiciones creadas por el Estado. Este arquitecto chileno con varios reconocimientos nacionales e internacionales, fue director ejecutivo de la Corporación de Mejoramiento Urbano durante el Gobierno de Salvador Allende, ha sido directivo del Colegio de Arquitectos de Chile, y es considerado uno de los mejores expertos en el país en materia de “arquitectura social”. Fue parte de proyectos urbanos emblemáticos en el país, como el Edificio de la Unctad y varios conjuntos habitacionales que hasta hoy perduran.

Indica que las soluciones, en todo caso, en materia de vivienda social y urbanismo están a la mano y son viables. Indica que hay el dinero y las condiciones. Declara en entrevista con ElSiglo.cl que “el Estado debe recuperar la atribución de adquirir terrenos y de desarrollar los proyectos de vivienda y dejar a las empresas privadas en la tarea de construir en base a estándares establecidos por el Estado, con criterio social”.

¿Qué le parece este debate en torno de las viviendas sociales en el país?

Lo primero es que se trata de un debate de fondo. Lo segundo, es que llegó a extremos francamente peligrosos en nuestro país esa situación de la vivienda. Eso, por el nivel de segregación social, urbana, de fallas estructurales en políticas de vivienda. La situación se segregación en Chile, es uno de los más altos, de los más destacados en América Latina. No hay prácticamente ciudad donde se ve esta situación como en Santiago y algunas ciudades de regiones, con una segregación tan evidente, tan planificada, tan acentuada. Esto de ubicación de barrios con un lujo inverosímil, contrastando con barrios extremadamente grandes y asilados en la periferia, de una miseria inaceptable. Y las barreras colocadas entre esos barrios.

¿Cómo se llegó a eso?

Tiene un origen básico, y es el haber sustraído al Estado de cumplir con la responsabilidad de asumir las políticas de vivienda de manera integral y de desarrollo urbano. Desde que la dictadura desbarató el aparato estatal con el concepto de Estado subsidiario, se produjo esta situación de entregar a la iniciativa privada toda la responsabilidad. Y tú no le puedes pedir al sector privado que vele por el bien común, es imposible, porque la esencia de su existencia es el lucro. En consecuencia, se produjo en los últimos años de la dictadura, y en los primeros quince años de los gobiernos de la Concertación, una actividad enfatizada en el objetivo de enfrentar, hipotéticamente, el déficit habitacional acumulado por tantos años, que generó esta segregación, aparte de condiciones socioeconómicas malas de amplios sectores de la población. La iniciativa privada se hizo dueña de terrenos en la periferia de las ciudades, con valores insignificantes, donde concentró la actividad de vivienda popular, de resolver el déficit, y con la complicidad del Ministerio de la Vivienda, que con tal de tener una acción importante en la construcción como actividad productiva apoyó esa mirada, y se fue generando un cuadro inverosímil. Así, hemos armado un parque habitacional que se puede llamar de desecho. El propio Ministerio, en la primera administración de (Sebastián) Piñera, como una forma de criticar la política que habían tenido los gobiernos de la Concertación, catastró un total de 200 mil unidades habitacionales construidas en altura, de tres o más pisos, absolutamente desechables. En todo el país. Ya sea por superficie insuficiente -había de 35 a 40 metros cuadrados-, por la mala calidad de la construcción, y por carecer de normas respecto a equipamiento mínimo de esas construcciones, su entorno, lejos de las vías de movilización colectividad, sin espacios comunes ni área verdes, ni equipamientos comerciales, nada. En los hechos, en política habitacional se generaron verdaderos guetos.

¿Hay un apartheid de la vivienda en Chile?

Sí, hay un apartheid de la vivienda, sólo comparable a lo que fue el apartheid en Sudáfrica, efectivamente. Gran parte del nivel de delincuencia, por ejemplo, tiene origen en eso, en la segregación, en la discriminación, en la separación de un sector de la población. Ahí se expresan y se generan muchos problemas.

En ese cuadro, ¿qué ocurre con iniciativas como la que planteó Joaquín Lavín, el alcalde de Las Condes, de generar ahí una torre, un edificio, como vivienda social?

Es que eso es una mistificación. Eso no es, en realidad, una respuesta al problema que tiene el país. Por ejemplo, aclaremos algunas cosas. Lo primero, es que conceptual y prácticamente, esas no son viviendas sociales. Esa fue una estrategia pensada de antemano de magnificar la iniciativa. Técnicamente la vivienda social hoy en Chile tiene un costo máximo de 950 UF, por unidad. Viviendas a las que puede aspirar la llamada clase media, que es otro tipo de subsidio, es de un costo máximo de 2.200 UF. Esas viviendas, en el edificio que propuso Lavín, son de un valor de 2.200 UF. Es probable que tengan un valor un poco mayor, que el municipio, con algún mecanismo, lo va a complementar. Pero para poder obtener el subsidio del Estado, no pueden aparecer por 2.200 UF, pero como sea, en ningún caso son de 950 UF, y no se les puede llamar vivienda social. De todas maneras, está bien. Porque efectivamente es un sector de la población que no está atendido, porque en comunas como Las Condes en esta materia no se hace nada, y en consecuencia es positivo. Pero es una mistificación pensar que se está hablando de integración social, porque viviendas propiamente para sectores más vulnerables, jamás el propio Lavín las propondría en Las Condes.

¿También una magnificación comunicacional?

Yo creo que sí, está concebido también conscientemente en esa dirección. Hay una intención. Explica la magnificación que se le dio en los medios de comunicación. Yo hasta lo veo sospechoso, hasta parece como campaña presidencial…

¿Y lo de la Inmobiliaria Popular en Recoleta?

Eso está muy bien hecho. Eso es otra cosa. Hay que aclarar que por primera vez desde la dictadura, en el Gobierno pasado, debido a toda la presión social que ha existido, se incorporó, no por vía de decreto, sino de una glosa presupuestaria, un mecanismo que introdujo el Ministerio de la Vivienda, que permitió otorgar subsidios habitacionales a instituciones sin fines lucrativos, como es el caso de una Municipalidad, una cooperativa, que pudieran realizar unidades habitacionales en la modalidad del arriendo. Y efectivamente, Daniel Jadue, el alcalde de Recoleta, tomó eso afortunadamente, y lo hizo muy bien. Entiendo que en estos días se adjudicó la obra de construcción del edificio. La verdad es que todos los municipios debieran tener, como normalmente existe en Europa, un porcentaje de unidades habitacionales gestionadas directamente en modalidad de arriendo, para resolver muchas situaciones de la población, como el caso de adultos mayores y los migrantes. Además, con esto, tiene un mecanismo regulatorio de los precios, porque la Municipalidad jamás cobrará lo que cobran los especuladores urbanos.

Se puso en el tapete los edificios guetos, de muchos pisos y gran cantidad de departamentos. ¿Se puede mirar como una fórmula del sector privado para resolver el tema habitacional en el país?

Mira, eso es extremadamente grave. Primero, por la implicancia que tiene desde el punto de vista del impacto urbano. Con los edificios guetos y torres monstruosas se agrede a la comunidad. Los vecinos de esos lugares, están condenados para siempre a tener esos monstruos con todas sus consecuencias, de manera permanente. Además, violan gran parte de las normas y ordenanzas de construcción. Por cierto que hay complicidad de autoridades. No son solución a la vivienda social o la habitación.

¿Toda esta situación no podría generar un movimiento como el No+Afp, algo así como no más guetos, viviendas sociales reales, y que eso se exprese masivamente?

Debería ocurrir eso. Pero mira, cuando una inmobiliaria o una constructora hará un edificio, busca varios terrenos, de varias casas colindantes, con el objeto de tener un paño, un terreno para construir. Es lograr lo que se llama un “conjunto armónico”, y eso permite en parte cumplir con las normas. Para adquirir esos predios, las inmobiliarias ofrecen precios que es muy difícil que los propietarios los rechacen. Por una propiedad que vale 30 millones de pesos, les ofrecen 150 millones. Imposible que lo rechacen. Y el poder del dinero ahí, es perverso. La consecuencia de eso es que la mayoría de los vecinos en varias comunas, como fue y es el caso de la Comuna de Estación Central, se andan poniendo de acuerdo para ofrecerse a las inmobiliarias. A pesar de que hay organizaciones en las comunas, que luchan contra situaciones como esa agresión de esos monstruos de edificios, que defienden los espacios, les cuesta mucho tener el nivel de movilización que debería haber. Yo creo que la única razón que no ha generado en vivienda la movilización que debería existir masivamente, como la que hubo en torno de educación, es por ese mecanismo perverso que erosiona la conciencia social. Además, está el concepto de subsidio, que es un mecanismo individual, que también corrompe la conciencia social, lo colectivo, porque la persona opta, lo consigue, y se resiste así a la organización social para luchar y lograr un derecho. Cuesta mucho organizar a la gente para movilizarse en torno del problema de la vivienda.

Hay un tema de cómo se concibió todo en materia de vivienda.

El mecanismo fue concebido con doble propósito. Por una parte, con el subsidio, es la manera de pasarle plata del Estado a las inmobiliarias privadas, como el boucher en educación, en salud, es lo mismo. Después, que hay una concepción individual para acceder a la vivienda, resolver el problema persona optando al subsidio, y se pierde la idea colectiva, de solución colectiva, de movilización social.

En el Gobierno de Michelle Bachelet se normó esto de la vivienda social. Y hay análisis de lo que debe contemplar la vivienda social…

Efectivamente con Michelle Bachelet se normó severamente, y ninguna vivienda social debe tener menos de 55 metro cuadrados y con disposiciones precisas respecto a tamaño de dormitorios, de las salas de estar, baños, cocina, todo está absolutamente normado. Efectivamente, eso ha mejorado muchísimo. Pero hoy las mayores agresiones no se están produciendo en ese campo, de la vivienda social, sino la dirigida a la llamada clase media. Por ejemplo, esas torres de Estación Central -habría que averiguar situaciones en regiones- tiene un promedio de superficie unitaria de 35 metros cuadros, es decir, todas por debajo de lo que se establece para vivienda social. Ten claro que el nivel de precariedad se transfirió no a los más vulnerables, sino a los sectores medios.

Hay un tema del entorno también.

Está establecido aquello de los espacios comunes, equipamientos con comercio, áreas verdes. Se ha mejorado. Pero no se ha resuelto el tema de la ubicación, de dónde se construye, por los valores especulativos del suelo. La localización de las viviendas sociales sigue siendo muy discutible. Por el tema de la especulación y los precios del suelo, se sigue construyendo en las periferias.

Leyendo unos informes, se establece que donde más se ha construido vivienda social, hablando de la Región Metropolitana, es La Granja, Colina, Lampa, Puente Alto, no aparece Las Condes, Vitacura, Barnechea, muy poco en La Reina. Y en regiones debe ocurrir algo similar.

Así es. Hay cuestiones de discriminación social. Pero lo básico es el tema del suelo. Ahí entramos a otro asunto. Sin que el Estado no tenga una política del suelo, no vamos a terminar con la especulación. El Gobierno de Eduardo Frei Montalva hizo una reforma subrayando la función social de la propiedad. Y se creó un organismo para adquirir los suelos para todas las actividades públicas en materia de vivienda y desarrollo urbano.

¿Eso permitió que se construyeran villas, barrios, vivienda sociales, en distintos barrios de las ciudades, que no estaban en la periferia?

Por supuesto. Se hicieron construcciones por ahí en avenida Perú, en Quinta Normal, en Ñuñoa, la Remodelación San Borja, en el corazón de Santiago, y en años anteriores la Villa Frei. Esas políticas, para que veas, se implementaron incluso en el Gobierno de Jorge Alessandri. Era una concepción de cómo hacer las cosas. Mira, la verdad sea dicha: todas las políticas de vivienda, desde que se creó la Ley de Habitación Obrera, de 1906, que fue consecuencia del terremoto de Valparaíso, de ahí en adelante, hasta la dictadura, pasaron como 70 años, cambiaron los gobiernos, hubo de derecha, de izquierda, de centro, pero la esencia de la política de vivienda y desarrollo urbano, se mantuvo. Siempre bajo la conducción del Estado. Todas las viviendas públicas o sociales como se llama ahora, no hubo una sola que no se construyera sobre terrenos adquiridos por el Estado, todas se hicieron en departamentos técnicos de las corporaciones estatales y la empresa privada entraba a construir con todo definido. Eso cruzó a todos los gobiernos…

¿Hasta que…?

Hasta que la dictadura, descalifica al Estado para esas tareas y desmanteló las corporaciones, los departamentos técnicos, y dejó de comprar terrenos. Se dejó todo en manos del sector privado, incluida la compra de terrenos y emergió la especulación. Y se comenzó a construir vivienda social en las periferias, iniciándose el apartheid, la segregación. También se instaló el mecanismo del subsidio, perverso, donde el Estado le da la plata a los privados y deja de asumir su responsabilidad. Imagínate que estas torres de guetos, están cofinanciadas por el Estado, son centenares de miles de millones de pesos que gasta el Estado. Si ese dinero lo administrara directamente el Estado, podría construir conjuntos habitacionales armónicos, sustentables, con fines sociales.

¿Es viable que el Estado vuelva a tener un organismo que construya vivienda?

Existe el dinero y puede recuperar esa atribución. Ahí está la esencia de todo lo que hemos hablado, de lo que genera los conflictos y los problemas. El Estado debe recuperar la atribución de adquirir terrenos y de desarrollar los proyectos de vivienda y dejar a las empresas privadas en la tarea de construir en base a estándares establecidos por el Estado, con criterio social. En vez de traspasar los subsidios, usar el dinero para proyectos desde la esfera pública. Lo que se hace ahora es un suicidio. Por ejemplo, se puede crear un banco de suelo, reunir todos los terrenos urbanos propiedad de Bienes Nacionales, de las Fuerzas Armadas, de Ferrocarriles, de las empresas como Enami, para ser transferidos a los Serviu respectivos para destinarlos a construcción de vivienda social. Nosotros hicimos esa propuesta y no pasó nada.

Publicado por: elsiglo.cl

 

 

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