Martes 24 de Octubre del 2017

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Bases Programáticas Guillier 2018 – 2022

 

Bases Programáticas
Guillier 2018 – 2022

CONTENIDO

CAPÍTULO I
Más y mejor democracia para el bienestar y la participación:
hacia una nueva Constitución


1. Mejoraremos la integridad pública: buenas prácticas a todo evento
2. Una nueva agenda de derechos humanos: memoria, verdad, justicia y enfoque integral
3. Igualdad entre hombres y mujeres
4. Equidad de género y diversidad sexual
5. Pueblos indígenas: un nuevo diálogo para una nueva convivencia
6. Cultura e identidad: acceso amplio e igualitario
7. Medios de comunicación: democracia de las comunicaciones
8. Fortalecimiento de la sociedad civil y la participación ciudadana
9. Derechos políticos y sufragio en el exterior
10. Hacia una nueva Constitución: remover la gran muralla para el desarrollo integral, sustentable  inclusivo de Chile

CAPÍTULO II
Hacia una economía moderna, inclusiva, sustentable e inteligente


1. Una politica económica que ayude al desarrollo
2. Infraestructura y OO.PP
3. Hacia un desarrollo inteligente, sostenible e inclusivo
4. Una fuerza de trabajo de calidad mundial con empleos decentes
5. Promover el desarrollo de la pequeña empresa
6. Sector cooperativo y economía social y solidaria
7. Medioambiente y cambio climatico
8. CIencia, tecnología e innovación
9. Energía
10. Minería
11. Agricultura
12. Pesca, acuicultura y mar
13. Hacia un estado económico activo y emprendedor

CAPÍTULO III
Derechos sociales para una protección social


1. Protección social y superación de la pobreza
2. Profundizar el avance hacia una educación gratuita y de calidad
3. Priorizar la atención primaria de Salud
4. Pensiones y seguridad social. por un sistema mixto, solidario y tripartito
5. Niñez
6. Jóvenes
7. Adulto mayor y políticas de vejez
8. No discriminación, inclusion social y cuidado
9. Migrantes
10. Política de drogas

CAPÍTULO IV
Descentralización y desarrollo socio territorial para el bienestar

1. Descentralización: autonomía territorial para un desarrollo integral y sostenible
2. Ciudades, territorios y bienestar: el derecho a la ciudad. ciudades sostenibles e inclusivas
3. Compromisos para el bienestar en el mundo rural
4. Transportes: movilidad expedita y segura como recurso para el bienestar
5. Turismo: oportunidad para el desarrollo sustentable y el el bienestar en comunidades y territorios
6. Deportes y actividad física: hacia la democratización de un derecho fundamental
7. Bienestar y gestión del riesgo: el derecho a vivir en un medio ambiente sano y seguro

CAPÍTULO V
La modernización del estado: un estado más eficiente, transparente y descentralizado


1. La modernización del Estado: un Estado más eficiente, transparente y descentralizado
2. Relaciones internacionales
3. Política de defensa
4. Hacia una justicia abierta
5. Seguridad pública, indispensable para la buena convivencia
6. Seguridad ciudadana: policías, fiscalía y comunidad


                                   CAPÍTULO I

Más y mejor democracia para el bienestar y la participación: hacia una nueva constitución


La construcción de una sociedad donde su población logre mayores niveles de bienestar y realización requiere un conjunto de cambios económicos, políticos y culturales que sólo se pueden lograr con más y mejor democracia. De hecho, las restricciones democráticas con las cuales se inició en 1990 la transición obedecen a las condiciones de ese momento, muy restrictivas y legadas por el diseño político institucional de la dictadura, pensado precisamente para impedir la restauración plena de los derechos humanos en todos sus niveles.

Durante los últimos 27 años hemos realizado modificaciones y avances democráticos a un ritmo quizá más lento del esperado y del necesario. Con todo, hoy estamos inmersos en un proceso constituyente porque el país tomó la decisión de contar con una nueva carta fundamental nacida en democracia, terminamos con el sistema electoral binominal y modificamos la ley de partidos políticos, transparentando el funcionamiento y financiamiento de estas entidades, entre otros avances.

Aún así, a la actual crisis de confianza no escapa la política. Los abusos que experimentan los ciudadanos en numerosas dimensiones de su vida cotidiana han conducido a que “el vago malestar subjetivo” del que hablaba el PNUD en 1998 se haya transformado en una explícita conducta de rechazo y repudio generalizado a casi todas las instituciones públicas y privadas del país, lo cual tiene asidero y constituye un problema estratégico para nuestra democracia.

En cuanto a la desconfianza y el consiguiente retraimiento ciudadano, verificado entre otras cosas en el preocupante abstencionismo electoral, es sabido que con ello se benefician especialmente los sectores conservadores que buscan retrotraer el camino de cambios estructurales iniciado durante el actual gobierno. Es claro: a estos sectores los beneficia una población retraída y desconfiada respecto de la política, pues les basta con tener una gran masa de consumidores mas no ciudadanos activos y politizados.

De ahí que el desafío de los demócratas sea transformar la actual crisis de confianza en una oportunidad para la democracia. Y eso solo se consigue con más ética en la política y más participación ciudadana. Las chilenas y chilenos que ocupamos espacios de influencia política, económica, social o cultural debemos tomarnos muy en serio esta cuestión. El camino correcto es la humildad, la transparencia y, fundamentalmente, la ética en la política y en todas las dimensiones de la vida pública.

Nuestra propuesta es profundamente política, pues busca corregir nuestros propios errores y cambiar el modo de hacer las cosas en Chile, practicar una mejor política y luchar contra los abusos generalizados que los poderosos ejercen sobre el ciudadano común. Creemos y necesitamos nuevas formas de actuar: con ética, participación y excelencia. Con más democracia y mejor política. Combinando experiencia y nuevos liderazgos. Pero, sobre todo, con la activa participación de los ciudadanos, militantes y no militantes, en los asuntos públicos, ejerciendo el control social y haciendo valer sus derechos.

Al contrario de la derecha, que piensa que es el mercado el que dibuja una sociedad, creemos en un Estado eficaz, que garantiza derechos y deberes, que favorece los sueños colectivos en el marco de la convivencia civilizada y que promueve activamente el desarrollo económico. Para que estos derechos se transformen en realidades cotidianas y tangibles se necesitan instituciones públicas eficaces y eficientes, especialmente en cuanto a derechos sociales. Las instituciones públicas deben ser de excelencia, apuntar al largo plazo y asegurar la continuidad y permanente perfeccionamiento de las políticas del Estado.

Avanzar en esta dirección requiere construir una Administración Pública altamente profesionalizada y diferenciada del Gobierno de turno, eficiente, eficaz, flexible, íntegra y transparente. También es necesario cambiar la forma en que se diseñan, ejecutan y evalúan las políticas y los servicios públicos, poniendo el centro en las personas y en la calidad del servicio, y alcanzando los consensos que permitan a estas transformaciones perdurar en el tiempo, más allá de un periodo presidencial. Sobre todo, necesitamos remover la gran barrera que impide avanzar hacia una sociedad de ciudadanos plenos, con vigencia total de los derechos humanos y con un Estado Social de Derechos. En efecto: sin una nueva constitución, no solo nacida en democracia, sino que elaborada a partir de la más amplia deliberación cívica y democrática, no tendremos ese mejor futuro. No podremos salir del presente de desigualdad y abusos que nos impone el modelo neoliberal.

Nuestros compromisos para combatir la desconfianza y transformar ese sentimiento en una oportunidad para Chile, su democracia y su desarrollo, pasa por mejorar las prácticas y el funcionamiento de las instituciones democráticas, con un foco central en la ética del servicio público y la participación ciudadana, son los siguientes:

1. Mejoraremos la integridad pública: buenas prácticas a todo evento

Impulsaremos, perfeccionaremos y velaremos por el estricto cumpli-miento de las directrices que se desprenden de las propuestas formuladas por el Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción. Por eso: Revisaremos la tipificación, penas y prescripciones respecto de los delitos de corrupción, de acuerdo a estándares y recomendaciones de organismos internacionales. Promoveremos el aumento de las sanciones al cohecho y las negociaciones incompatibles. Aumentaremos el período de restricción para trasladarse desde el sector público al privado, ampliando la cobertura de estas cautelas: se incluirá en ellas a directivos privados de sectores regulados que quieran ingresar a los organismos reguladores, fijando sanciones efectivas y compensaciones por los periodos de carencia y prohibiendo a esas personas el lobby o gestión de intereses. Exigiremos a las autoridades dar cuenta de las reuniones con lobbistas y gestores de intere-ses, convocadas directamente por ellas y otras aproximaciones oficiosas, generando un registro de fácil acceso en la web y modificando el régimen sancionatorio para que sea efectivo. Profundizaremos la ley de lobby en todo cuanto corresponda.

Ampliaremos la protección de los funcionarios que denuncien irregula-ridades para que esto sea realmente eficaz, incluyendo a honorarios y personal sujeto al Código del Trabajo, reduciendo formalidades innecesarias y per-feccionando la protección del personal a contrata. Adicionalmente, revisaremos el régimen de responsabilidad administrativa de los funcionarios para que ésta sea efectiva y oportuna, simplificando los procedimientos disciplinarios y homologando las reglas de prescripción. Reforzaremos el sistema de auditoría interna de los organismos públicos para que sea una herramienta preventiva eficaz y una alerta oportuna. Ingresaremos un proyecto de Sistema Nacional Anticorrupción que permita la evaluación de políticas de probidad, colabore en capacitaciones y permita la integración de actores relacionados con el control preventivo y activo en la materia.

2. Una nueva agenda de derechos humanos: memoria, verdad, justicia y enfoque integral

A pesar de todos los avances registrados, Chile sigue teniendo una deuda pendiente en materia de derechos humanos de primera generación (crímenes perpetrados por agentes del Estado durante la dictadura cívico-militar), de segunda generación (entre los cuales destacan educación, salud, trabajo y pensiones) y de tercera generación (como son el derecho a decidir sobre la propia identidad y el estilo de vida que se quiera adoptar). El consenso mayoritario sobre el “nunca más” respecto de crímenes de lesa humanidad cometidos por la Dictadura requiere perseverar a fondo en la senda de verdad, justicia y reparación. Esto debe además proyectarse en iniciativas concretas que garanticen y promuevan que la cultura de los derechos humanos y el respeto a la dignidad de todas las personas, sin importar su ideología, condición social, raza, sexo o cualquier otra condición, sea un principio fundamental y respetado a cabalidad. Por ello es que avanzaremos con una nueva agenda de derechos humanos, sintonizada con las expectativas y los desafíos actuales de nuestra sociedad en materia de justicia, memoria, equidad y libertades.

Esto implica también promover una discusión fundamental sobre el rol del estado, en esta materia nuestros compromisos son coherentes con lo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha propuesto. Para una Nueva Agenda de Derechos Humanos nos comprometemos a: Continuar con la línea de verdad, justicia y reparación respecto de las violaciones a los derechos humanos en dictadura.

Promover una cultura integral y amplia de los derechos humanos en los planes escolares, en los medios de comunicación y, en general, como objetivo transversal en todas las políticas públicas. Dar forma a una política migratoria que permita regular y, al mismo tiempo, garantizar y proteger los derechos humanos tanto de connacionales como de personas que llegan al territorio nacional buscando una oportunidad para realizar su proyecto de vida. Trabajar para lograr un trato igualitario e inclusión social de las personas en situación de discapacidad, en consonancia con las normas recientemente promulgadas y otras por promover. Proteger el derecho a la salud sexual y reproductiva de las personas, garantizando la autonomía de las decisiones personales y la no discriminación por este concepto.

Cultivar el respeto por los pueblos originarios, con énfasis en la generación de mecanismos de diálogo, reconocimiento e inclusión que eviten la violencia intercultural. Perfeccionar y consolidar la construcción del sistema integral de protección de la infancia impulsado durante el actual gobierno. Resguardar el derecho a la autodeterminación informativa mediante un régimen de protección eficaz de los datos personales para que, en una sociedad digital, no arriesguen ser objeto de tráfico o uso no consentido.

Cautelar el derecho a un medio ambiente libre de contaminación, con una legislación ambiental que ponga al centro los intereses de las comunidades potencial o realmente afectadas por proyectos de gran envergadura. Impulsa una agenda de respeto y promoción de los derechos de las personas privadas de libertad, que tenga como objetivo la reinserción social de aquellos que hubieren infringido la ley.

Impulsar una reforma al régimen penitenciario chileno, a efectos de cumplir con los estándares internacionales a los cuales nuestro país está obligado. Promover el pleno respeto de la diversidad sexual, especialmente el derecho a la identidad de género, erradicando cualquier tipo de discriminación arbitraria.

 

 

 

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