Jueves 09 de Julio del 2020

AD PORTAS DE LOS 50 AÑOS DEL HISTÓRICO TRIUNFO DE LA UP Y DEL PRESIDENTE MÁRTIR: SU PROGRAMA BÁSICO

 

AD PORTAS DE LOS 50 AÑOS DEL HISTÓRICO TRIUNFO DE LA UP Y DEL
PRESIDENTE MÁRTIR: SU PROGRAMA BÁSICO


Patricio González Junio 2020,

Artículo escrito para Revista Principios N° 10 (2015), con motivo de los 45 años del triunfo de la Unidad Popular.
 



 

A 45 AÑOS DEL TRIUNFO DE SALVADOR ALLENDE Y EL PROGRAMA BASICO DE GOBIERNO DE LA UNIDAD POPULAR

Patricio González Septiembre 2015.-

El 4 de septiembre de 2015 se cumplieron 45 años de la mayor victoria electoral que haya tenido nuestro pueblo: el triunfo de la Unidad Popular, que dio paso al gobierno más progresista y revolucionario en nuestra historia, encabezado por el Presidente mártir, compañero Salvador Allende. Este se fundamentaba en el Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular, aprobado y suscrito por los Partidos Comunista, Socialista, Radical y Social Demócrata, el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) y la Acción Popular Independiente el día 17 de Diciembre de 1969, en Santiago de Chile.

CONTEXTO NACIONAL

Surge de un cuadro político histórico y específico, que le permitió a la clase obrera chilena y a las fuerzas progresistas, en general, desarrollar un arco de alianzas que, aglutinadas en torno a una serie de reivindicaciones, cuyo resultado fue generar las condiciones para ese histórico triunfo político. También ayudó a ello las condiciones internacionales, especialmente en América Latina: la consolidación de la Revolución Cubana, fortalecimiento de partidos de izquierda y de movimientos sociales en la región, la existencia de un potente Sistema Socialista mundial, entre otros.
Todo eso permitió primeramente, a las fuerzas políticas que fundaron la UP, evacuar un correcto diagnóstico político-social de aquellos años, el que consideraba, entre otros aspectos, lo siguiente:

“Chile vive una crisis profunda que se manifiesta en el estancamiento económico y social, en la pobreza generalizada y en las postergaciones de todo orden que sufren los obreros, campesinos y demás capas explotadas, así como en las crecientes dificultades que enfrentan empleados, profesionales, empresarios pequeños y medianos y en las mínimas oportunidades de que disponen la mujer y la juventud.” 1 El programa añadía que era posible resolver los problemas de Chile: “Nuestro país cuenta con grandes riquezas como el cobre y otros minerales, un gran potencial hidroeléctrico, vastas extensiones de bosques, un largo litoral rico en especies marinas, una superficie agrícola más que suficiente, etc. Cuenta,
además, con la voluntad de trabajo y progreso de los chilenos, junto con su capacidad técnica y profesional.”2 Se preguntaba este documento qué era lo que había fallado: “Chile es un país capitalista, dependiente del imperialismo, dominado por sectores de la burguesía estructuralmente ligados al capital extranjero, que no pueden resolver los problemas fundamentales del país, los que se derivan precisamente de sus privilegios de clase a los que jamás renunciarán voluntariamente.”

En el análisis realizado, el Programa destacaba la “entrega de la burguesía monopolista
nacional al imperialismo”, especialmente al de EEUU, lo que acentuaba más la dependencia
del país al capital extranjero. Textualmente señalaba: “Para unos pocos, vender a diario un
pedazo de Chile es un gran negocio. Decidir por los demás es lo que hacen todos los días.
Para la gran mayoría en cambio vender a diario su esfuerzo, su inteligencia y su trabajo es
un pésimo negocio, y decidir sobre su propio destino es un derecho del cual, en gran medida,
aún están privados.”3
El diagnóstico continúa con la apreciación de que el gobierno de Frei Montalba fue en
esencia “un nuevo gobierno de la burguesía al servicio del capitalismo nacional y extranjero,
cuyos débiles intentos de cambio social naufragaron sin pena ni gloria entre el estancamiento
económico, la carestía y la represión violenta contra el pueblo”4
y, añadía que las “formas
brutales de la violencia del Estado actual, tales como las acciones del Grupo Móvil, el apaleo
de campesinos y estudiantes, las matanzas de pobladores y mineros, son inseparables de
otras no menos brutales que afectan a todos los chilenos.”
En el aspecto económico, el programa también fue certero en su diagnóstico. Señalaba que
“la explotación imperialista de las economías atrasadas se efectúa de muchas maneras: a
través de las inversiones en la minería (cobre, hierro, etc.), y en la actividad industrial,
bancaria y comercial; mediante el control tecnológico que nos obliga a pagar altísimas sumas
en equipos, licencias y patentes; de los préstamos norteamericanos en condiciones usurarias
que nos imponen gastar en Estados Unidos y con la obligación adicional del transportar en
barcos norteamericanos los productos comprados, etc.”5
Según el programa, desde 1952 hasta fines de 1969, los norteamericanos invirtieron en
América Latina US$ 7.473 millones y se llevaron US$ 16.000 millones. De Chile, EEUU se
había llevado cuantiosos recursos equivalentes al doble del capital instalado en el país,
formado a lo largo de toda su historia. Los monopolios norteamericanos eran dueños de casi
todo el cobre, hierro y salitre. Dominaban el comercio exterior y dictaban la política
económica por intermedio del FMI y otros organismos. Eran dueños de importantes ramas
industriales y de servicios; gozaban de estatutos de privilegios, e imponían la devaluación
monetaria, la reducción de salarios y sueldos, y distorsionan la actividad agrícola por la vía
de los excedentes agropecuarios. Tenían gran influencia en la educación, la cultura y los
medios de prensa, en las FF.AA, etc. El programa de la UP afirmaba que en Chile se
gobernaba y legislaba a favor de los grandes capitalistas, de las empresas que dominaban
nuestra economía y de los latifundistas. Como se puede deducir, después de 45 años, salvo
los tres años de la UP, la situación no ha variado en lo sustancial en cuanto al dominio
1 http://www.bicentenariochile.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=19:progamabasico
2 Idem.
3 Idem
4 Idem
5 Idem
económico del capital transnacional en el país.
Aseguraba el programa que el capital imperialista, y el grupo de privilegiados que los
despaldaba, no siendo más de un 10% de la población, acaparaban la mitad de la renta
nacional, y constataba el hecho de que, de cada cien escudos que los chilenos producían en
los años sesenta, 50 iban a parar a los bolsillos de 10 oligarcas y los otros 50 debían
repartirse entre 90 chilenos, gente del pueblo y de la clase media. En aquellos años, la
inflación golpeaba fuertemente a los hogares populares. El programa indicaba que, en la
década de los sesenta, según datos oficiales, el costo de la vida había subido casi en un mil
por ciento, lo que impactaba en el nivel de vida, lo que se expresaba en que había un alto
número de chilenos mal alimentados. De acuerdo a este documento, y citando estadísticas
oficiales, “el 50% de los menores de 15 años de edad están desnutridos. La desnutrición
afecta su crecimiento y limita su capacidad de aprender, de instruirse.” 6
La economía en
general, y el sistema agrícola en particular, eran incapaces de alimentar a los chilenos.
Constataba el programa que había una gran dependencia de importaciones de alimentos
agropecuarios, atribuible al latifundio, el que generaba una situación de gran atraso y miseria
en el campo y señalaba que “los últimos lustros hemos crecido, en promedio, apenas a razón
de un 2% anual por persona; y desde 1967 no hemos crecido, más bien hemos retrocedido,
según las cifras del propio Gobierno (ODEPLAN). Esto quiere decir que en 1966 cada chileno
tenía una mayor cantidad de bienes de la que tiene hoy. Ello explica que la mayoría esté
disconforme y busque una alternativa para nuestro país.”7 Por todo lo anterior, el programa
afirmaba que la única alternativa verdaderamente popular y, por lo tanto, la tarea
fundamental que el Gobierno del Pueblo tenía ante si, era terminar con el dominio de los
imperialistas, de los monopolios, de la oligarquía terrateniente e iniciar la construcción del
socialismo en Chile.
El programa señalaba que el crecimiento numérico de las fuerzas trabajadoras, su grado de
organización, su lucha y la conciencia de su poder, reforzaban y propagaban la voluntad de
cambios profundos, la crítica del orden establecido y el choque con sus estructuras. Los más
de tres millones de trabajadores de aquellos años no podrían liberarse dentro del sistema
reinante, que sólo podía explotarles y someterles. Por ello, añadía el programa, junto a todo
el pueblo, movilizando a todos aquellos que no estaban comprometidos con el poder de los
intereses reaccionarios, nacionales y extranjeros, o sea, mediante la acción unitaria y
combativa de la inmensa mayoría de los chilenos, podrían romper esas estructuras y avanzar
en la tarea de su liberación. La Unidad Popular nacía para eso. Los Comité de Unidad
Popular (CUP), organismos de base de los partidos de la UP e independientes, nacidos para
jugar un rol determinante en “estimular y orientar la movilización del pueblo de Chile hacia la
conquista del poder”, debían constituirse por todas partes, en fábricas, poblaciones, fundos,
etc., y debían ser intérpretes y combatientes de las reivindicaciones inmediatas de las masas
y, sobre todo, debían prepararse para ejercer el Poder Popular, al decir del programa. Esto
se convirtió en un “método permanente y dinámico de desarrollo del Programa, una escuela
activa para las masas y una forma concreta de profundizar el contenido político de la Unidad
Popular en todos sus niveles.”8
Fue un mecanismo permanentemente de participación
democrática del pueblo. El acto eleccionario se transformó en un acto no sólo de votar por un
hombre, sino de pronunciarse a favor del reemplazo urgente de la sociedad que se
sustentaba en el dominio de los grandes capitalistas nacionales y extranjeros.

EL PROGRAMA DE LA UP

Las fuerzas populares y revolucionarias se unieron para llevar a cabo los cambios de fondo
6 Idem
7 Idem
8 Idem
que la situación nacional exigía sobre la base del traspaso del poder desde los antiguos
grupos dominantes a los trabajadores, al campesino y sectores progresistas de las capas
medias de la ciudad y del campo.
En la estructura política, el Gobierno Popular se propuso profundizar los derechos
democráticos y las conquistas de los trabajadores, transformando las instituciones para
instaurar un nuevo Estado, donde los trabajadores y el pueblo tuvieran un real ejercicio del
poder. El programa debía garantizar el ejercicio de los derechos democráticos y respetar las
garantías individuales y sociales de todo el pueblo. Se aseguraba la libertad de conciencia,
de palabra, de prensa y de reunión, la inviolabilidad del domicilio y los derechos de
sindicalización y de organización. Las organizaciones sindicales y sociales de todos los
estamentos populares, incluyendo el artesanado y la PyME eran llamadas a intervenir en el
rango que les correspondía en las decisiones de los órganos de poder. Se establecía que las
instituciones de previsión y de seguridad social se administrarían por sus propios
imponentes, asegurando la elección democrática y en votación secreta de sus Consejos
Directivos. Para las empresas del sector público se consideraba que sus Consejos Directivos
y sus Comités de Producción debían contar con mandatarios directos de sus obreros y
empleados. Lo mismo para el sector habitacional, donde las Juntas de Vecinos y otras
organizaciones de pobladores dispondrían de mecanismos para fiscalizar sus operaciones e
intervenir en múltiples aspectos de su funcionamiento.
Pero, más aún, este programa expresaba una nueva concepción donde el pueblo asumía
una participación real y eficaz en los organismos del Estado. El Gobierno Popular
garantizaba “el derecho de los trabajadores al empleo y a la huelga y de todo el pueblo a la
educación y a la cultura, con pleno respeto de todas las ideas y de las creencias religiosas,
garantizando el ejercicio de su culto.”
Planteaba la extensión de todos los derechos y garantías democráticas, transfiriendo, a las
organizaciones sociales, los medios y herramientas reales para ejercerlos, y creando los
mecanismos que les permitieran actuar en los diferentes niveles del aparato del Estado. El
Gobierno Popular asentaría esencialmente su fuerza y su autoridad en el apoyo del pueblo y
se señalaba que éste sería pluripartidista, integrado por todos los partidos, movimientos y
corrientes revolucionarias, por lo cual sería así un gobierno verdaderamente democrático,
representativo y cohesionado, el que respetaría los derechos de la oposición dentro de los
marcos legales.
Se preveía llevar a cabo una descentralización administrativa, además de una planificación
democrática y eficiente para eliminar el centralismo burocrático para reemplazarlo por una
coordinación de todos los organismos estatales. El programa consideraba también la
modernización de la estructura de las municipalidades, reconociéndose la autoridad que les
correspondía de acuerdo a los planes de coordinación de todo el Estado. Se pensaba
transformarlas en los órganos locales de la nueva organización política, resolviendo el
problema de financiamiento, que les afectaba, y dotarlas de atribuciones adecuadas para
poder atender los problemas de interés local de sus comunas y de sus habitantes. Se
preveía que empezarían a funcionar, con el mismo propósito, las Asambleas Provinciales.
Del mismo modo, estaba previsto la reorganización de la policía para no volver a emplearse
como organismo de represión contra el pueblo y que cumpliera con el objetivo de defender a
la población de las acciones antisociales. Se pretendía humanizar el procedimiento policial
para garantizar efectivamente el pleno respeto a la dignidad y a la integridad física del ser
humano. Por otra parte, se pensaba reformar el régimen carcelario, el que representaba uno
de los mayores problemas del sistema judicial de la época.
UN NUEVO ORDEN INSTITUCIONAL: EL ESTADO POPULAR
El programa planteaba llevar a cabo un proceso de democratización en todos los niveles y
fomentar una movilización organizada de las masas para construir la nueva estructura del
poder. Para ello debería dictarse una nueva Constitución Política, la que institucionalizaría
la incorporación masiva del pueblo al poder estatal. Preveía crear una organización única del
Estado, estructurada a nivel nacional, regional y local, las que tendrían en una Asamblea del
Pueblo el órgano superior de poder. Ella sería la Cámara Única, la que expresaría
nacionalmente la soberanía popular. La dictación de normas específicas determinarían y
coordinarían “las atribuciones y responsabilidades del Presidente de la República, ministros,
Asamblea del Pueblo, organismos regionales y locales de poder y partidos políticos con el fin
de asegurar la operatividad legislativa, la eficiencia del gobierno y, sobre todo, el respeto a la
voluntad mayoritaria.”9
La generación de todos los organismos de representación popular debería realizarse por
sufragio universal, secreto y directo, de los hombres y mujeres mayores de 18 años, civiles y
militares, alfabetos y analfabetos. Los miembros de la Asamblea del Pueblo y de todo
organismo de representación popular estarían sujetos al control de los electores, con la
posibilidad de revocación de mandato. Del mismo modo, se establecía un rígido sistema de
incompatibilidades, el que podía concluir en el término del mandato o de las privación de su
cargo cuando un diputado o funcionario se convirtiera en un lobbysta de intereses privados.
Se preveía constituir un Sistema Nacional de Planificación, el que tendría carácter ejecutivo,
para dirigir, coordinar y racionalizar la acción del Estado.
El programa señalaba que, desde la misma asunción del mando, el Gobierno Popular abriría
canales para expresar la influencia de los trabajadores y del pueblo, a través de
organizaciones sociales, para la toma de decisiones y en la fiscalización de la administración.
Se preveía en el programa la creación de un Tribunal Supremo. Sus miembros serían
designados por la Asamblea del Pueblo. Este estaría a cargo, además, de nominar a los
miembros que comprendería a los poderes internos, unipersonales o colegiados, del sistema
judicial.
También se definía “una concepción moderna patriótica y popular de la soberanía del país
basada en los siguientes criterios:
 Afianzamiento del carácter nacional de todas las ramas de las Fuerzas Armadas. En
este sentido, rechazo de cualquier empleo de ellas para reprimir al pueblo a participar
en acciones que interesen a potencias extrañas.
 Formación técnica y abierta a todos los aportes de la ciencia militar moderna, y
conforme a las conveniencias de Chile, de la independencia nacional, de la paz y de
la amistad entre los pueblos.
 Integración y aporte de la Fuerzas Armadas en diversos aspectos de la vida social.”10
Se especificaba también la concepción de una nueva doctrina democrática hacia las FFAA.

LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA ECONOMIA

El objetivo central de la política era reemplazar la estructura económica, acabando con el
poder del capital monopolista nacional y extranjero y del latifundio, iniciando así la
construcción del socialismo. En esta concepción jugaba un papel destacado la planificación.
Los órganos centrales de ésta se concebían en el nivel administrativo más alto, mientras que
sus decisiones tendrían carácter ejecutivo. Esa política estaba orientada a constituir un área
estatal dominante, con las empresas que poseía el Estado, además de las que se
expropiarían. En sus primeros objetivos estaba la nacionalización de las riquezas básicas,
como la gran minería del cobre, hierro, salitre y otras, todas en poder de capitales extranjeros
y monopolios nacionales:
9 Idem
10 Idem
1) La gran minería del cobre, salitre, yodo, hierro y carbón mineral;
2) El sistema financiero del país, en especial la banca privada y seguros;
3) El comercio exterior;
4) Las grandes empresas y monopolios de distribución;
5) Los monopolios industriales estratégicos;
6) En general, aquellas actividades que condicionan el desarrollo económico y social del
país, como la energía eléctrica, transporte ferroviario, aéreo y marítimo; comunicaciones; la
producción, refinación y distribución del petróleo y sus derivados, incluido el gas licuado;
siderurgia, cemento, petroquímica y química pesada, la celulosa y el papel.
Comprendía también aquellos sectores de la industria, la minería, la agricultura y los
servicios donde permanecía vigente la propiedad de los medios de producción. Estas
empresas constituirían la mayoría y serían beneficiadas con la planificación general de la
economía nacional. Por parte del Estado se proveería la asistencia financiera y técnica
necesarias para que esas empresas pudiesen cumplir con los objetivos que debían alcanzar
en la economía nacional, considerando la cantidad de personas que trabajaban en ellas,
como también el volumen de la producción que generaban.
El programa consideraba también una serie de medidas tributarias simplificados para estas
empresas y se les aseguraba una adecuada y justa comercialización de sus productos. Junto
a ello, se deberían garantizar los derechos de obreros y empleados a salarios y generar
justas condiciones de trabajo. Ese sector se consideraba mixto ya que se compondrían de
empresas conformadas por capitales del Estado y de particulares.
Los créditos otorgados por entidades públicas a las empresas de esta área podrían serlo en
calidad de aportes de tal manera que el Estado fuese socio y no acreedor. Igual para los
casos en que éstas obtuvieran créditos con el aval del Estado o de sus instituciones.
Por otra parte, preveía la profundización de la Reforma Agraria, considerada “como un
proceso simultáneo y complementario con las transformaciones generales que se desea
promover en la estructura social, política y económica del país, de manera que su realización
es inseparable del resto de la política general.”11 Se señalaba que la política de distribución y
organización de la propiedad de la tierra debía basarse en lo siguiente:
1. Aceleración de este proceso, expropiando los predios que excedieran cantidad máxima de
hectáreas establecida, incluyendo las frutales, vitivinícolas y forestales, sin que el dueño
tuviese derecho preferencial a elegir la reserva.
2. Incorporación inmediata al cultivo agrícola de las tierras abandonadas y mal explotadas de
propiedad estatal.
3. Organización preferente en formas cooperativas de propiedad de los predios expropiados.
Los campesinos tendrían títulos de dominio que acreditarían su propiedad sobre la casa y el
huerto que se les asignaría y sobre los derechos correspondientes en el predio indivisible de
la cooperativa. Eventualmente se asignarían tierras en calidad de propiedad personal a los
campesinos, impulsando la organización del trabajo y de la comercialización a través de
cooperación mutua. También se destinarían tierras para crear empresas agrícolas estatales
con tecnología moderna.
4. Se consideraba también, en casos calificados, la asignación de tierras a pequeños
agricultores, arrendatarios, medieros y otros empleados agrícolas capacitados para el trabajo
agropecuario.
5. Reorganización de la propiedad minifundista a través de formas progresivamente
cooperativas de trabajo agrícola.
6. Incorporación de los pequeños y medianos campesinos a las ventajas y servicios de las
11 Idem
cooperativas que operaran en su área geográfica.
7. Defensa de la integridad y ampliación y asegurar la dirección democrática de las
comunidades indígenas, amenazadas por la usurpación, y que el pueblo mapuche y demás
indígenas se les asegurara tierras suficientes y asistencia técnica y crediticia apropiadas.
La política económica del Estado se llevaría a cabo mediante el Sistema Nacional de
Planificación Económica y de los mecanismos de control, orientación, crédito a la producción,
asistencia técnica, política tributaria y de comercio exterior, como también a través de la
propia gestión del sector estatal de la economía.
Los objetivos de esta política eran:
1. Resolver los problemas inmediatos de las grandes mayorías. Para esto se proponía la
reconversión de la capacidad productiva del país desde los artículos superfluos hacia la
producción de artículos de consumo popular, baratos y de buena calidad.
2. Garantizar empleo a todos los chilenos con un nivel de remuneraciones adecuado. Para
ello, debía diseñarse una política que generara un gran empleo con el uso adecuado de los
recursos y la adaptación de la tecnología a las exigencias del desarrollo nacional.
3. Liberar a Chile de la subordinación al capital extranjero. Expropiación del capital
imperialista, concebir una política de un creciente autofinanciamiento de las actividades, fijar
las condiciones en que operaría el capital extranjero que no fuera expropiado, y lograr una
mayor independencia en la tecnología, en el transporte externo, etc.
4. Asegurar un crecimiento económico rápido y descentralizado para desarrollar al máximo
las fuerzas productivas, asegurando el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos,
naturales, financieros y técnicos disponibles a fin de incrementar la productividad del trabajo
y de satisfacer tanto a las exigencias del desarrollo independiente de la economía, como a
las necesidades y aspiraciones de la población.
5. Ejecutar una política de comercio exterior tendiente a desarrollar y diversificar la
exportaciones, lograr una creciente independencia tecnológica y financiera y evitar las
devaluaciones de nuestra moneda.
6. Tomar todas las medidas conducentes a la estabilidad monetaria. La lucha contra la
inflación, adecuar el flujo de circulante a las reales necesidades del mercado, control y
redistribución del crédito, evitar la usura en el comercio del dinero, entre otros.
TAREAS SOCIALES
El programa señalaba con mucha fuerza las principales carencias en esta área y precisaba
con mucha claridad las medidas a implementar. Consideraba que las diversas “aspiraciones
sociales del pueblo chileno son legítimas y posibles de satisfacer”, como, por ejemplo,
viviendas dignas sin reajustes, escuelas y universidades para sus hijos, salarios justos, fin a
las alzas de precios, trabajo estable, atención médica oportuna, alumbrado público,
alcantarillado, agua potable, calles y aceras pavimentadas, una previsión social sin
privilegios, justa y operante, sin pensiones de hambre, teléfonos, policías, jardines infantiles,
canchas deportivas, turismo y balnearios populares.
Aseguraba el programa que “la satisfacción de estos juntos anhelos del pueblo – que en
verdad constituyen derechos que la sociedad debe reconocerle – será preocupación
preferente del Gobierno Popular.”12
Los objetivos de esta política fueron:
a) Definición de una política de remuneraciones, procediendo a crear de inmediato los
organismos que, con participación de los trabajadores, determinarían cifras que
efectivamente constituyeran sueldos vitales y salarios mínimos en las diversas zonas del
país. Mientras subsistiera la inflación, se procedería a establecer por ley reajustes
12 Idem
automáticos, de acuerdo con el alza del costo del IPC. Estos operarían cada seis meses o
cada vez que el costo de la vida superara un nivel de 5%. En todos los organismos del
Estado, y en primer lugar en los cargos de confianza del Ejecutivo, se limitarían los sueldos
altos a una cifra compatible con la situación del país.
Se señalaba el establecimiento de un sistema de sueldos y salarios mínimos de niveles
iguales para trabajos iguales, cualquiera fuera la empresa donde estos trabajos se realizaran.
Esto se iniciaría en el área estatal para extenderla posteriormente a toda la economía, sin
perjuicio de las diferencias derivadas de productividades dispares en distintas empresas. Del
mismo modo se eliminaría toda discriminación entre el hombre y la mujer o por edad en
materia de sueldos y salarios.
b) Se pretendía unificar, mejorar y extender el sistema de seguridad social, manteniendo
todas las conquistas legítimas alcanzadas, eliminado los privilegios abusivos, la ineficiencia
y el burocratismo, mejorando y haciendo expedita la atención de los interesados,
extendiendo el sistema previsional a los sectores que aún no la tenían, y entregando a los
imponentes la administración de las Cajas de Previsión, las que funcionarían dentro de las
normas de la planificación.
c) Asegurar la atención médica y dental, preventiva y curativa a todos los chilenos, financiada
por el Estado, los empleadores y las instituciones de previsión. Se incorporaría la población
a la tarea de proteger la salud pública. Los medicamentos se entregarían en cantidad
suficiente y a bajo precio.
d) Se destinarían fondos suficientes para llevar a cabo un amplio plan de edificación de
viviendas. Se desarrollaría la industrialización de la construcción, controlando sus precios,
limitando el monto de las utilidades de las empresas privadas o mixtas que operarían en este
rubro. En situaciones de emergencia, se asignarían terrenos a las familias que los
necesitaran, facilitándoles ayuda técnica y material para edificar sus viviendas. Se eliminaría
el sistema de dividendos reajustables. Las cuotas o rentas mensuales, que debiesen pagar
los adquirientes de viviendas y arrendatarios, no deberían exceder, por regla general, el 10%
del ingreso familiar. Se consideraba la remodelación de ciudades y barrios, evitando el
lanzamiento de los grupos modestos a la periferia, garantizando los intereses del habitante
del sector remodelado y asegurando a los ocupantes su ubicación futura.
e) Se establecería la plena capacidad civil de la mujer casada y la igual condición jurídica de
todos los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio, como también una adecuada
legislación de divorcio con disolución del vínculo, con pleno reguardo de los derechos de la
mujer y los hijos.
f) La división legal entre los obreros y empleados sería suprimida, estableciendo para ambos
la calidad común de trabajadores y extendiendo el derecho a sindicalizarse a todos aquellos
que no lo tenían.

CULTURA Y EDUCACION

Señalaba el programa que, para llevar a cabo las profundas transformaciones planteadas, se
requería “de un pueblo socialmente consciente y solidario, educado para ejercer y defender
su poder político, apto científica y técnicamente, para desarrollar la economía de transición al
socialismo y abierto masivamente a la creación y goce de las más variadas manifestaciones
del arte y del intelecto.”13 Dado que la mayoría de las intelectuales y artistas luchaban ya en
eso años contra las deformaciones culturales propias de la sociedad capitalista y trataban de
llevar los frutos de su creación a los trabajadores y vincularse a su destino histórico, bajo el
Gobierno Popular, señalaba el programa, tendrían un lugar de vanguardia para continuar con
su acción. La cultura surgiría de la lucha por “fraternidad contra el individualismo; por la
13 Idem
valorización del trabajo humano contra su desprecio; por los valores nacionales contra la
colonización cultural; por el acceso de las masas populares al arte, la literatura y los medios
de comunicación contra su comercialización.”14
El nuevo Estado debía procurar la incorporación de las masas a la actividad intelectual y
artística, fuera mediante un sistema educacional radicalmente transformado, o a través del
establecimiento de un sistema nacional de cultura popular. Se preveía la formación de una
extensa red de Centros Locales de Cultura Popular, a través de los cuales se debía impulsar
la organización de las masas para ejercer su derecho a la cultura. Todo ello destinado a
estimular la creación artística y literaria y multiplicar los canales de relación entre artistas o
escritores con un mayor público. La acción del Gobierno Popular debía orientarse a ofrecer
las más amplias y mejores oportunidades educacionales y mejorar sustancialmente las
condiciones de vida de los trabajadores. Se establecía un Plan Nacional de Becas,
ampliamente extenso para asegurar la incorporación y la continuidad escolar a todos los
niños de Chile, especialmente a los hijos de la clase obrera y del campesinado.
También consideraba el programa un plan extraordinario de construcción de establecimientos
escolares por parte del Estado, apoyado en recursos nacionales y locales movilizados por los
órganos básicos de poder. Se consideraba la expropiación de edificaciones suntuarias que
fueran necesarias para habilitar nuevos establecimientos escolares e internados. Se
proponía crear por lo menos una escuela unificada (básica y media), en cada comuna rural,
en cada barrio y en cada población de las ciudades de Chile.
Por otra parte, se pretendía expandir rápidamente el sistema de salas-cuna y jardines
infantiles, apuntando preferentemente a los sectores más necesitados. Con ello, la niñez
obrera y campesina estaría más preparada para ingresar y permanecer provechosamente en
el sistema escolar regular.
El programa consideraba que las transformaciones en la educación no sería sólo obra de
técnicos, sino también tarea estudiada, discutida, decidida y ejecutada por las organizaciones
de profesores, trabajadores, estudiantes y padres y apoderados, dentro de los marcos
generales de la planificación nacional. Se preveía la creación de Consejos Locales,
Regionales y Nacional de Educación, con funciones específicas. Para implementar la
planificación de la educación y la escuela única, nacional y democrática, se proponía que el
Estado tomara, bajo su responsabilidad, los establecimientos privados, empezando por
aquellos planteles que seleccionaban su alumnado por razones de clase social, origen
nacional o confesión religiosa. Para ello, se establecía la necesidad de integrar, al sistema
educacional, el personal y otros medios de la educación privada. La educación física y las
prácticas de todos los deportes de jóvenes y adultos serían la preocupación constante y
metódica del Gobierno Popular. El Gobierno de la UP prestaría un amplio respaldo al proceso
de la Reforma Universitaria e impulsaría resueltamente su desarrollo. El Estado asignaría a
las universidades recursos suficientes para asegurar el cumplimiento de sus funciones y su
efectiva estatización y democratización. El gobierno universitario correspondería a sus
respectivas comunidades.
El programa también señalaba el rol fundamental que debían jugar los medios de
comunicación de masas (radio, editoriales, televisión, prensa, cine) en la creación de una
nueva cultura y del hombre nuevo. Por lo mismo, debía dárseles una fuerte orientación
educativa y liberarlos de su carácter comercial, de tal manera que las organizaciones
sociales tuvieran acceso a estos medios, eliminando la presencia nefasta de los monopolios
en ellos.

POLITICA INTERNACIONAL DEL GOBIERNO POPULAR

14 Idem
 Respecto a la política internacional, el programa señalaba lo siguiente:
 Afirmar la plena autonomía política y economía de Chile.
 Relaciones con todos los países del mundo, independiente de su posición ideológica y
política, sobre la base del respeto a la autodeterminación y a los intereses del pueblo
Chile.
 Vínculos de amistad y solidaridad con los pueblos independientes o colonizados, en
especial aquellos que estaban desarrollando sus luchas de liberación e
independencia.
 Un fuerte sentido latinoamericano y antiimperialista por medio de una política
internacional de pueblos antes que de cancillerías.
 Defensa decidida de la autodeterminación de los pueblos como condición básica de la
convivencia internacional. En consecuencia, su política sería vigilante y activa para
defender el principio de no intervención y para rechazar todo intento de discriminación,
presión, invasión o bloqueo intentado por los países imperialistas.
 Fortalecimiento de las relaciones, el intercambio y la amistad con los países
socialistas.
 Defensa activa de la independencia de Chile y denunciar a la OEA como un
instrumento y agencia del imperialismo norteamericano y luchar contra toda forma de
panamericanismo implícito en esa organización.
El Gobierno se proponía la creación de un organismo realmente representativo de los países
latinoamericanos. Entre otros puntos, planteaba el programa la necesidad de revisar,
denunciar y desahuciar los tratados o convenios que significaran compromisos que limitaran
nuestra soberanía y concretamente los tratados de asistencia recíproca, los de ayuda mutua
y otros pactos, que Chile había suscrito con EE.UU.
El programa expresaba el rechazo explícito a la ayuda foránea y créditos condicionados por
razones políticas, o que implicaran la imposición de realizar inversiones con dichos créditos
que pudieran vulnerar la soberanía nacional o que fueran contra los intereses del pueblo,
como también contra todo tipo de imposiciones foráneas respecto a las materias primas
latinoamericanas, como el cobre, y contra las trabas impuestas al libre comercio, lo que se
había traducido en la imposibilidad de establecer relaciones comerciales colectivas con todos
los países del mundo.
El programa manifestaba la solidaridad efectiva el Gobierno Popular con las luchas que
libraban los pueblos por su liberación y por la construcción del socialismo. Se condenaba
toda forma de colonialismo o neocolonialismo y se reconocía el derecho a la rebelión de los
pueblos sometidos a esos sistemas, como también toda forma de agresión económica,
política y/o militar provocada por las potencias imperialistas. Afirmaba que la política
internacional de Chile debía mantener una posición de condena a la agresión norteamericana
en Vietnam y de reconocimiento y solidaridad activa con la lucha heroica del pueblo
vietnamita. Del mismo modo, se pronunciaba solidariamente con la Revolución Cubana.
También decía que la lucha antiimperialista de los pueblos del Medio Oriente contaba con la
solidaridad del Gobierno Popular, el que apoyaría la búsqueda de una solución pacífica sobre
la base árabe y judío. Se condenaba a los regímenes reaccionarios que promovían o
practicaban la segregación racial y el antisemitismo. En el plano latinoamericano, el Gobierno
propugnaría una política internacional de afirmación a la personalidad latinoamericana con el
concierto mundial. Por lo mismo, la integración latinoamericana jugaba un rol determinante y
debería ser levantada sobre la base de economías que se hayan liberado de las formas
imperialistas de dependencia y explotación. Sin perjuicio de lo anterior, se mantendría una
activa política de acuerdos bilaterales que fueran de interés para el desarrollo chileno.
El Gobierno Popular actuaría sobre la base de negociaciones para resolver los problemas
fronterizos pendientes, teniendo presente el interés chileno y el de los pueblos de los países
limítrofes.
Al analizar retrospectivamente este programa después de 45 años, es imposible no resaltar
el carácter visionario que tuvieron los dirigentes de los partidos de la UP y del propio
Presidente Allende. Su lectura entrega medidas y fundamentos de éstas que, a la fecha, no
solo están vigentes, sino que desgraciadamente distan mucho de ser consideradas en las
propuestas programáticas actuales. No todo este programa pudo ser implementado. Contó
con la férrea oposición de sectores de derecha y de centro, situación que culminó con el
sangriento golpe de estado del 11 de septiembre de 1973. Aún así, estas propuestas
perduran en la Memoria Popular y Colectiva, están presentes en las banderas de lucha del
pueblo chileno, y han sido parte integrante de los homenajes, durante todos estos años,
rendidos al Presidente Mártir y a los héroes de esta lucha.

 

 

 

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