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Miercoles 25 de Noviembre del 2020

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Junto a proyecto para presos debido al Covid-19, volvió sobre iniciativa para beneficiar a arrestados en Punta Peuco. Alicia Lira y Lorena Pizarro salieron al paso.

Joaquín González. Periodista. 03/04/2020Se parece a una trampa legislativa o judicial. Con motivo de la pandemia del coronavirus, el gobierno de Sebastián Piñera planteó un proyecto de indulto a presos, con ciertas características, para descongestionar las atiborradas cárceles. Pero al mismo tiempo, con la excusa del Covid-19, volvió sobre la iniciativa destinada al beneficio de libertad para mayores de 75 años, independiente del delito cometido, con lo cual abrió la puerta para la salida del recinto de Punta Peuco de autores de crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos.

Esta última, se llama “Ley Humanitaria”, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín (militante de la Unión Demócrata Independiente y antiguo amigo de Colonia Dignidad donde se torturó y hizo desaparecer personas) la defendió y promovió al punto de asignarle “máxima urgencia” en el Parlamento.

Ante la pregunta de si con esa ley se podrá posibilitar el arresto domiciliario y salida del penal de los represores condenados por torturas, ejecuciones y desapariciones, Larraín indicó que “en estas circunstancias no se exige un delito determinado o no se excluyen las personas por haber cometido un delito determinado, de manera que nadie queda, en principio, excluido de este beneficio si acaso cumple con los requisitos que los verificará el juez en su oportunidad”.

¿Por qué ahora y aprovechando la pandemia el gobierno toma esa postura? Como carta de cambio o trampa legislativa ante la protesta de los partidos de derecha porque el proyecto de indulto a presos no contemplaba a los criminales de Punta Peuco. De hecho, legisladores de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y de Renovación Nacional (RN) votaron en contra del indulto porque no se incluyó a los ex uniformados procesados y condenados.

En estos días hay una campaña de la derecha, la ultraderecha, ex militares y ex carabineros, grupos partidarios de la dictadura cívico-militar, exigiendo que debido al coronavirus los violadores de derechos humanos puedan salir de Punta Peuco. Aducen “discriminación” por el proyecto de indulto a presos.

El jueves el Presidente Sebastián Piñera puso un “veto aditivo” al “indulto conmutativo a causa del Covid-19”, que incluyó a adultos mayores, madres de hijos menores de dos años y embarazadas para salir de las prisiones ante la posibilidad de contagio del virus. Pero excluyó, en ese proyecto, a los condenados por crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos.

En la campaña de quienes apoyan a esos criminales, se incluyó presentar un requerimiento ante al Tribunal Constitucional en contra de que la disposición presidencial no incluyera a los ex uniformados, trámite impulsado por senadores de la derecha.

Pero el gobierno, a este viernes, les daba un respaldo reactivando la iniciativa que permite salir de la cárcel a todo mayor de 75 años independiente del delito cometido.

Ante eso, familiares de las víctimas, organismos de derechos humanos, legisladores y partidos políticos progresistas y de izquierda expresaron el rechazo a la posibilidad de salida de autores de crímenes de lesa humanidad y de violaciones a los derechos humanos e indicaron que el gobierno se está aprovechando del marco de pandemia para sacar ese tipo de iniciativas.

Además, se señaló que en Punta Peuco no hay hacinamiento ni malas condiciones sanitarias como en los penales del país, y que quienes enferman o presentan molestias en ese recinto, son trasladados a centros hospitalarios de las Fuerzas Armadas o Carabineros, teniendo inclusive mejor atención que los ciudadanos comunes y corrientes.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, apuntó, frente a este situación, que “hubo varias señales de este gobierno que avanzaban hacia allá: el mal llamado proyecto de Ley Humanitaria que se ha ido cayendo en el camino, pero cada cierto tiempo lo reflotan. De hecho, ya en las solicitudes de indulto hay dos violadores de derechos humanos”. La dirigenta enfatizó: “Yo sé que hay cinco solicitudes”.

El senador Álvaro Elizalde, del Partido Socialista, indicó que “es francamente inaceptable que se pretenda aprovechar la coyuntura del Covid-19 para consagrar la impunidad en materia de violaciones a los DD.HH. en nuestro país”. El diputado el Partido Humanista, Tomás Hirsch, calificó de “Impresentable” que el gobierno quiera “poner discusión inmediata a la mal llamada ‘Ley Humanitaria’ con que pretenden liberar a violadores DDHH de Punta Peuco”. Sostuvo que “otra vez siguen exigencias de la derecha más reaccionaria, que pretende impunidad de asesinos aprovechándose del coronavirus”. Natalia Castillo, legisladora de Revolución Democrática, posteó en Twitter: “Apoyaremos el veto presidencial en el proyecto de indulto a personas mayores y mujeres embarazadas y madres que cumplen condena con sus hij@s. No contaran con los votos del FA en el Proyecto ‘ley humanitaria’ q está en el Senado y que no excluye a crimínales de lesa humanidad”. Desde la Bancada Parlamentaria del Partido Comunista se informó que habrá rechazo a alguna iniciativa legislativa que permita la liberación de detenidos en Punta Peuco.

En un comunicado, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), se denunció “la maniobra del gobierno que apunta a entregar indultos a los criminales de la dictadura, aprovechando los momentos complejos que vivimos por efectos de la pandemia del coronavirus”. Se sostuvo: “Por tanto, estamos en estado de alerta a las maniobras del gobierno de Piñera que busca, bajo pretextos falaces, entregar exculpaciones a los condenados, quienes no han tenido la dignidad de entregar información sobre nuestros familiares”

También se señaló que “observamos y denunciamos al mismo tiempo, que el gobierno ha encarcelado a miles de jóvenes por manifestarse por demandas sociales, por expresarse en contra de las pensiones de hambre, en contra el comercio de la salud y educación en base al lucro; y ellos están encarcelados sin pruebas alguna, solo la palabra de carabineros”.

En el texto de la AFEP se expresó que “protestamos y denunciamos ante los organismos nacionales e internacionales, como la derecha y el gobierno con sectores del  Poder Legislativo tratan de aprovecharse de esta grave situación sanitaria para entregar impunidad a los ex agentes del Estado”.

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