Domingo 25 de Agosto del 2019

Las peligrosas guerras de SP


Las peligrosas guerras de SP

La Moneda con agenda de perfil militarizado, policiaco, represivo e intrusivo. Todo en medio de casos de montajes y corrupción en Carabineros y el Ejército.

Hugo Guzmán. Periodista. 08/08/2019. Sebastián Piñera continúa su empeño por una agenda militarizada, policiaca, represiva e intrusiva en medio de conocidos casos de montajes, corrupción, irregularidades e ineficacias de Carabineros y el Ejército, entre otras entidades.

Logró sacar adelante la “ley corta antiterrorista” con contenidos poco precisos y que, como señalaron expertos, podrían afectar a organizaciones indígenas, sociales y políticas. Con factores como priorizar el uso de “agentes encubiertos”, informantes e intercepciones telefónicas, todo lo cual podría afectar a un buen número de ciudadanos, independiente que se use para detectar a “grupos terroristas”.

La Moneda también logró el visto bueno de la Contraloría para militarizar las fronteras para “combatir el narcotráfico” colocando a las Fuerzas Armadas (FFAA) en funciones en ese ámbito, que serían logísticas, tecnológicas y de transporte, generando un manto de dudas respecto a límites de esas acciones.

Todo lo anterior, en una continua campaña comunicacional donde Piñera, junto a su ministro del Interior, Andrés Chadwick, instalan el perfil militarizado y policíaco como respuesta efectiva “al combate del narcotráfico y la delincuencia”. De hecho, el presidente del Senado, Jaime Quintana, expresó que todo esto obedece más a “una victoria comunicacional” del gobierno y hay que esperar si las medidas “serán efectivas” realmente.

Se podría tener presente que el último plan maestro del gobierno de Sebastián Piñera en materia de seguridad fue el Comando Jungla, que llevaría tranquilidad a La Araucanía y terminaría con atentados y, precisamente, “acciones terroristas”. La opinión pública sabe en qué terminó todo. Los elementos policiales asesinaron a un joven comunero mapuche, ocultaron evidencia, obstruyeron el trabajo investigativo, mintieron, altos oficiales de Inteligencia cometieron irregularidades y tuvieron que pasar a retiro, se perdieron millones de pesos en recursos.

¿Es descartable que algo análogo ocurra con las nuevas atribuciones cuerpos policiales y militares?

El tema es que tanto el endurecimiento de la “ley antiterrorista” como la asignación de un rol de los miembros de las FFAA en la lucha antinarcos, se produce en un clima y situación bastante cuestionable de las policías y de los militares. Piñera les quiere dar más atribuciones cuando esas instituciones han demostrado en el corto, mediano y largo plazo hacia atrás, estar metidas en serios casos de irregulares y grises operaciones, deficiencias operativas y corrupción financiera.

Carabineros tiene una lista de montajes y de “falsos positivos” que afectaron a decenas de mapuches y demostraron falsedad de pruebas, delitos de organismos de Inteligencia (con la baja respectiva de oficiales, subalternos y civiles). Los procesos judiciales contra altos oficiales y suboficiales de la policía uniformada por casos de montajes, ocultamiento de pruebas y obstrucción a la justicia, invención de pruebas, irregularidades en labores de Inteligencia, son largos y delicados.

Al mismo tiempo, tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones (PDI) muestran un punto deficitario respecto a la solución o acercamiento investigativo en los casos de aparatos explosivos detectados o explosionados en los últimos meses, sin logros en las indagaciones. Ni hablar de las deficiencias de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) que parece más un organismo de vitrina que efectivo, por ejemplo, en la prevención, detección y combate al terrorismo o acciones violentas en el país.

Las cosas llegan al ridículo, como que el Ministro del Interior, que debería estar a la cabeza de resultados serios y consistentes, habla de “apoyos extranjeros” a “terroristas” locales por publicaciones en una página Web, en efecto, de abierto acceso. Es decir, lo que Chadwick presenta como prueba e investigación, es algo que pueden saber miles de personas visitando el Internet.

¿Es posible tener confianza hoy en Carabineros, la PDI y la ANI para que hagan buen uso de “agentes encubiertos”, infiltrados e interferencias telefónicas con los antecedentes de irregularidades, delitos e ineficacias que presentan? ¿Es factible pensar en que aquello funcionará de acuerdo a la ley con la continuidad de funcionarios involucrados en montajes y situaciones anómalas? ¿Es loable considerar estos pasos señalados como eficaces cuando con las actuales atribuciones y técnicas las entidades policiales andan perdidas en indagaciones claves?

No debería dejarse de lado las responsabilidades del cargo y políticas que personeros de la oposición hicieron en contra de Chadwick, precisamente en cuanto a ineficacias y cuestionados procedimientos en operativos contra “grupos violentos” y el terrorismo, sobre todo en La Araucanía, donde al final de cuentas se determinó que hubo acciones contra indígenas inocentes.

No fueron pocos los analistas y parlamentarios que en estas semanas salieron a colocar el énfasis en mejorar las instituciones de Inteligencia, en reforzar los mecanismos y técnicas de trabajo, en realmente profesionalizar y especializar esta labor, antes que estar tomando medidas de alto carácter intrusivo y represivo.

El peligro de corromper más aún a las FFAA

En cuanto a las Fuerzas Armadas, varios analistas y parlamentarios pusieron el acento en cuestionables factores respecto a meter a los militares en tareas contra el narcotráfico, aunque solo se trate de las fronteras y en tareas logísticas, de transporte y tecnológicas. Empezando porque hay dudas de la constitucionalidad dela orden dada por Sebastián Piñera.

Hay preocupación respecto a si, realmente, se respetarán esos ámbitos de acción o finalmente -incluso a espaldas de la opinión pública- fuerzas militares participarán de operativos contra posibles narcos o trasvasije de drogas.

Lo otro es que, especialmente el Ejército, incluidos varios de sus ex comandantes en jefe y ex generales, están involucrados en delitos financieros, uso corrupto de gastos reservados, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, y ahora esa institución se metería en el mundo del narcotráfico donde está comprobado que altos oficiales y oficiales de menor rango, suelen ser corrompidos por los narcos y el crimen organizado.

¿Qué garantías reales hay de que miembros del Ejército, por ejemplo, no caerán en situaciones de corrupción al estar en contacto con operaciones de poderosos narcotraficantes, con los recientes antecedentes de delitos financieros e irregularidades que llegaron hasta la cúspide del alto mando?

Varios expertos chilenos ya señalaron que “la guerra contra el narco” desarrollada por militares en países como México, Colombia y Perú, contribuyeron y posibilitaron niveles de corruptela en las filas castrenses, incluidos generales, coroneles, mayores y capitanes, además de tropa y fuerzas especializadas.

Al mismo tiempo, el paso dado por La Moneda, deja ver, aunque no se transparente, que hay un cuestionamiento a la labor y eficacia de Carabineros y la PDI, encargados del cuidado de las fronteras y del combate al narco y el crimen organizado. ¿Por qué no dotar a esas instituciones de la tecnología, presupuesto, más transporte y condiciones para mejorar sus funciones y tareas y dejar a las FFAA en el papel constitucional de defensa del territorio, la soberanía y supuestas agresiones externas?

En parte, desde el punto de vista comunicacional, a este gobierno le va bien mostrando un rostro de “caras pintadas” y expertos militares sentados en computadores siguiendo la huella de narcos. Con Piñera y Chadwick en primer plano.

Las otras guerras de SP

Hace varios meses, el Presidente Piñera siguió de cerca un masivo operativo con miles de carabineros desplazados por barrios de la capital, definido como “antiportonazo”, e impulsó otras acciones de ese tipo que a la fecha dejan miles de detenidos. Todo esto con un enorme desplazamiento comunicacional, sobre todo en “los matinales” y noticieros televisivos. Por cierto, el alto índice de “portonazos” persiste.

También iniciado su mandato, SP planteó bajar la edad de responsabilidad penal y puso el acento en los “delincuentes menores de edad”. Paralelo a eso, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, impulsó, con el empuje de La Moneda, el proyecto “Aula Segura” para atacar a los estudiantes “extremistas”, como los definió Andrés Chadwick, en una medida califica de represiva e inconducente por especialistas y profesores.

Para atacar el tráfico y consumo de drogas y combatir la delincuencia, alcaldes del oficialismo (secundados por algunos de la oposición), llevaron a cabo un plan de establecimiento de “toque de queda” para los adolescentes, variando edades entre 12 y 16 años. Además, hubo casos como el de Joaquín Lavín en Las Condes, que quiso sacar brigadas de adultos para “ayudar” a muchachos que anduvieran de noche en las calles, y de la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, que hizo una especie de consulta para que sus vecinos, padres y apoderados, se pusieran de acuerdo en horarios para que los jóvenes asistieran a fiestas o “carretes” en su Comuna. Todo esto, en la línea de tesis de seguridad pública establecidas por el gobierno piñerista.

Todas estas guerras de Piñera, son potenciadas en salidas comunicacionales, aprovechando espacios en los matinales, donde el mandatario adopta un lenguaje básico y repetitivo de que los chilenos quieren más seguridad y que hay un combate al narcotráfico y la delincuencia “que tanto daño nos hacen”.

Todo centrado en el factor fuerza pública, militar y policial, y no en aspectos preventivos, sociales, de trabajo hacia sectores vulnerable, combate al consumo, por ejemplo, en segmentos de población millonaria que accede y paga todo tipo de drogas, incentivo e inversión en deporte, cultura y espacios para jóvenes de sectores modestos.

Académicos y comentaristas también señalaron que todo esto lo hace Piñera recurriendo al lenguaje de “antipatriotas” a quienes se oponen a sus medidas, con Chadwick hablando de que esto requiere “de la unidad del país” colocando en una postura hostil a la oposición, y enfatizando el carácter profesional, patriota y limpio de fuerzas policiales y militares, cuando el país conoce el Pacogate, el Milicogate, la seguidilla de montajes, el robo de gastos reservados, el lavado de activos, la ineficacia policial ante casos de bombas y otros.

Lo más claro hasta ahora, es que todo apunta a que SP seguirá con estas guerras, aspirando a encontrar apoyo en la población.

elsiglo.cl

 

 

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