Lunes 18 de Noviembre del 2019

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Mapuches: “Trato inadecuado e injusto del Estado”

 Así lo aseveró José Aylwin, de Observatorio Ciudadano y del INDH. Dijo que en la zona “la fuerza la pone el Estado” y que los indígenas son víctimas del terrorismo.

 

Equipo ES. 17/12/018. En entrevista con el programa “De domingo a domingo. Sin restricción” de radio Nuevo Mundo, el director del Observatorio Ciudadano y consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), José Aylwin Oyarzún, abordó el estado actual de la relación entre el Estado y el pueblo mapuche después del asesinato del comunero Camilo Catrillanca. Según el abogado este hecho generó una conciencia en la sociedad respecto a la constante violencia y discriminación contra población indígena en La Araucanía, además de un proceso de unidad en la organización de los mapuches.

Asimismo, apuntó que la solución del conflicto es política y recordó que a través de la historia la fuerza y la violencia “la puso el Estado” en territorios de mapuches. En ese marco expresó que el Estado violenta a los pueblos originarios al ocupar militarmente su territorio y reducir su población al 5 por ciento. Al aplicar la contrarreforma agraria que restituyó los predios a sus antiguos propietarios o los enajenó para las forestales.

Y recordó que Chile “es el único Estado en Latinoamérica que sigue sin reconocer a los pueblos indígenas y sus derechos colectivos”.

¿Cómo ve que se está tratando el tema mapuche?

La realidad que vive el pueblo mapuche y otros pueblos indígenas en el país es de negación de sus derechos y de un trato inadecuado e injusto por parte del Estado, lo que no es nuevo, pero cada cierto tiempo se hace evidente con situaciones críticas como el homicidio de Camilo Catrillanca, el cual tuvo repercusiones importantes. Por un lado, generó una conciencia país que en el pasado no se había verificado. Hay que recordar que no es la primera persona asesinada por Carabineros en los últimos años, pero esta vez tuvo una reacción, creo, análoga a la que tuvo la sociedad argentina con el caso (Santiago) Maldonado que se dio en una sociedad que tiene niveles de conciencia muy superiores a la chilena en materia de derechos humanos. Por otro lado, generó procesos organizativos mapuches muy importantes, porque para enfrentar una realidad tan crítica se requieren altos niveles de cohesión como los que tuvo el pueblo mapuche en dictadura, pero que en los últimos tiempos había estado más dispersa. Este homicidio devela una negación que tiene múltiples aristas en lo jurídico político. Este es el único Estado en Latinoamérica que sigue sin reconocer a los pueblos indígenas y sus derechos colectivos, aquí no se trata de un reconocimiento cultural. En lo político el Congreso es una muestra, porque ahí hay cinco personas que se reconocen como indígenas entre más de 200. Y en lo económico hay otra expresión de discriminación. En el último Censo cerca del 13% de la población se reconoce como indígena y casi un 10% como mapuches, por tanto hay un proceso de autoafirmación que no se condice con esta negación y exclusión que el Estado despliega.

¿Cómo lee esta toma de conciencia que se está generando en la sociedad?

Todos hemos observado este último mes que hubo manifestaciones, declaraciones, interpelaciones, sesiones especiales en Congreso, o sea, ha sido el tema de derechos humanos del último tiempo. No cabe duda que hay un incremento de la conciencia país sobre que esta relación de exclusión que se expresa en el actuar de las fuerzas policiales no puede seguir adelante, porque esto va a generar una tensión que lejos de disminuir el conflicto lo va a aumentar. Esto ha marcado a la sociedad chilena y ha develado una práctica consistente del Estado y una incapacidad de los gobiernos de poner límites y término a este tipo de abusos.

El Gobierno puso en el centro del conflicto el tema de la seguridad.

Hasta hace poco el discurso desde el Estado y desde los medios de comunicación masivos, ha sido que hay un proceso de uso de la fuerza de sectores del pueblo mapuche que afecta inversiones, predios y personas. La verdad es que este tema de la fuerza hay que ponerlo en un contexto, porque si uno analiza la historia entre la relación del Estado y los mapuches, es evidente que el Estado puso la fuerza al ocupar militarmente su territorio y reducir su población al 5%. Se puso fuerza con la contrarreforma agraria que restituyó los predios a sus antiguos propietarios o los enajenó para las forestales. El Estado pone fuerza al expandir sus proyectos económicos como las forestales en el sur y la expansión minera en el norte, sin procesos de consulta, sin conscientemente de los pueblos y menos con que los beneficios se queden en la región. La Araucanía es la región más pobre del país. Hay un proceso de protesta social mapuche que en su mayoría ha sido pacífico y en ocasiones hubo procesos de fuerza principalmente en contra de bienes, muy excepcionalmente en contra de personas. Pues bien, el Estado reacciona con toda la fuerza y aplicando la ley antiterrorista. De este modo la fuerza la pone el Estado y la muerte de Catrillanca viene a constatar ante toda la sociedad este hecho.

¿Hay terrorismo de Estado en La Araucanía?

La actuación del Estado a través del uso abusivo y desproporcionado de la fuerza pública, ya por largo tiempo, es una acción que genera una afectación a la vida, a la integridad de muchas personas, que podría calificarse en este caso como una acción que generar terror en la vida de las personas mapuches.

¿Este es un conflicto que tiene una solución política o económica?

Estamos frente a un problema esencialmente de carácter político. El pueblo mapuche ha sido claro en decir que su demanda tiene que ver con la forma del Estado, con el carácter de la sociedad en la que vivimos, con cómo conviven las diferentes comunidades dentro del marco de un Estado. No es una demanda nueva ni diferente a la de otros pueblos originarios de otras partes del mundo, donde la mayor parte de los Estados fueron avanzando hacia su reconfiguración desde Estados Plurinacionales. Con ello se avanza en reconocer espacios territoriales para que esos pueblos puedan desarrollarse como tales. Después de la interpelación que hizo el abuelo de Camilo Catrillanca, diciendo que no se pueden perder más vidas sin que nosotros (mapuches) reafirmemos nuestra unidad, a partir de ello hubo al menos cuatro reuniones donde se fue afinando un planteamiento que esencialmente expresa la libre determinación como un derecho existente, porque Chile adhirió a la declaración de Naciones Unidas respecto a pueblos indígenas y el avanzar hacia reponer la comisión de un esclarecimiento histórico.

El Gobierno confirmó la salida del Gope de la región, pero la intensificación de las Fuerzas Especiales de Carabineros ¿Hay alguna diferencia?

Por un lado, lo que piden las organizaciones mapuches es la desmilitarización del territorio, por lo tanto, da lo mismo el nombre del contingente. La idea es que ese contingente salga. Por otro lado, desde la perspectiva del Estado se entiende que tiene fuerzas de orden y seguridad, pero se trata de que actúen de acuerdo a derechos y estándares internacionales, respecto a uso de armas y el respeto a la vida. No es tan importante la denominación, sino respetar que si se quiere iniciar un proceso de diálogo y buena fe, no puede ser si hay militarización de la zona.

 

 

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