Martes 17 de Septiembre del 2019

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La Paz en La Araucanía en punto muerto

 

La Paz en La Araucanía en punto muerto

El derrumbe de los planes gubernamentales. El tema de la represión y la militarización. Iniciativas legislativas para otorgar derechos a pueblos indígenas, con retraso.

Yani Aguilar. Periodista. De poco le valió al Presidente Sebastián Piñera involucrarse en la primera línea de fuego del tema indígena. Dedicó su primera acción comunicacional -a sólo 12 días de haber asumido el Gobierno-, a proponer en Temuco un gran Acuerdo Nacional para el Desarrollo y la Paz en La Araucanía, meta inalcanzable por siglos de historia nacional.

Como un búmeran, el tema elegido para posicionar su sello se le vino en contra con el asesinato de Camilo Catrillanca bajo un estado de militarización y de descontrol policial, cayendo su aprobación ciudadana a 38% (encuesta Cadem), la más baja en lo que lleva de Gobierno, instalándose la percepción de fracaso rotundo de la promesa de llevar paz a esa región.

El mandatario, sin trepidar en su diseño, estrenó su política pública estrella, Plan Impulsa Araucanía, el 24 de septiembre a los pies del Cerro Ñielol  en la ciudad de Temuco, partiendo de un diagnóstico compartido basado en la pobreza multidimensional; el reconocimiento de la restitución de tierras; el compromiso de preservar la cultura, tradiciones, lengua, salud y cosmovisión de los pueblos originarios. Sin embargo, las cosas se fueron por otro carril y en sentido contrario. Se impuso la militarización, la vigilancia policial, la represión, los allanamientos a comunidades, las detenciones ilegales. Recrudeció la violencia también con nuevos ataques incendiarios. Fue lo que el senador Francisco Huenchumilla definió como la política “de la zanahoria y el garrote”.

Ocurrió el asesinato de Camilo, joven mapuche de 24 años, agricultor, padre de dos hijos, enardeciendo los ánimos y agravando el dolor de las familias. El hecho impactó negativamente al Gobierno y también a Carabineros. Renunció el Intendente de La Araucanía, Luis Mayol (Renovación Nacional) y el Director de la CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena), Jorge Retamales (Evopoli), y el Ministro del Interior, Andrés Chadwick (UDI) será interpelado en el Congreso. En tanto, la Comisión Mixta de Presupuestos del Parlamento negó fijar monto a la partida de Gastos Reservados para la institución policial, que ya arrastra secuela de desprestigio con otros casos de montaje como la Operación Huracán para inculpar a mapuches, y el Pacogate que es el mayor caso de malversación de recursos fiscales que se tenga memoria de un organismo del Estado.

Al disgusto por una política mal encaminada, sobrevino un serio cuestionamiento social a las acciones del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE). Mayoritariamente a las personas no les gusta que Carabineros estén desplegados en la “zona de guerra”: 63% opina que no se justifican (encuesta Cadem).

Se instaló en la opinión pública la sensación de desplome del Plan de Paz, mucho antes siquiera de algún avance concreto. Menos de dos meses alcanzó a estar en cartelera la iniciativa presidencial que lucía la impecabilidad de una bien intencionada política pública, basada en la voluntad de diálogo, la paz; el reconocimiento y valoración de la diversidad; y el desarrollo integral e inclusivo para la región.

El derrumbe de un plan

El proyecto que tuvo trabajando por seis meses al ministro del Interior, Andrés Chadwick, al Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno y al Intendente Luis Mayol, se derrumbó en su aspecto central pese a haber sentado a la mesa a diversos actores regionales y de la sociedad civil que quisieron participar en la instancia.

Con la ocupación policial, la presión lejos de bajar hizo aumentar los hechos de violencia. En solo dos semanas del mes de julio se consignaron 10 atentados al mismo tiempo que las autoridades seguían su itinerario de reuniones para materializar el Plan Impulsa Araucanía, con la intención de atraer inversiones a la zona. Por esos días, hacia finales de julio, últimas acciones pidiendo la libertad del machi Celestino Córdova, irían desdibujando la esperanza del ministro empresario -Moreno- quien posaba seguro de que existía “una posibilidad de cambiar las cosas”.

Con la crisis de noviembre, desatada con el asesinato de Catrillanca, el Plan se quedó sin sus ejecutores iniciales claves (Mayol y Retamales), y sin la confianza de los eventuales beneficiarios mapuches.

Tampoco se logró conformar el Consejo Permanente para la Paz en la Araucanía, que sería la instancia de diálogo -y de rechazo a la violencia- y que nunca consiguió articularse. Las reuniones que se sostuvieron fueron selectivas, sin convocatorias abiertas a las comunidades, según recomiendan organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “La pérdida de las confianzas echó por tierra la pretensión del Gobierno de entregar avances y resultados en el corto plazo”, opinó un dirigente cercano al tema. “Esa comisión nunca funcionó como tal. Solo hubo reuniones para recoger inquietudes. No funcionó porque al plan se le iba a dar contenido con más detalle por una comisión integrada por dirigentes mapuches y empresarios, y nunca se nombraron a la personas”.

La estrategia del Gobierno se desinfló completamente. Ya no hay confianza. Pocos creen que pueda llegar a feliz término.

La política de la represión

Sebastián Piñera refrendó ante las cámaras de televisión que su administración tiene una sola política en materia indígena, afirmado en el documento de 38 páginas del Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía, que plantea el dialogo con los pueblos indígenas en continuidad estratégica a lo realizado por el gobierno anterior. Sin embargo, la permanencia de 80 efectivos del GOPE en La Araucanía, demuestra que la política real es de seguridad pública. Lo comprobable es el estado de intervención y sus magras consecuencias, entre ellas el asesinato de Camilo Catrillanca el miércoles 14 de noviembre por el GOPE, conocido como “Comando Jungla”, presentado en La Araucanía por el Presidente de la República el 28 de junio.

No fue bien recibido por sectores de la oposición que se invitara por un lado a grandes acuerdos nacionales y, por otro, hacer ocupación policial de La Araucanía. Es “una suerte de esquizofrenia del Gobierno”, dijo el senador por esa zona, Francisco Huenchumilla (Democracia Cristiana). Será visto como un “acto de provocación en reemplazo de los caminos políticos y esto implica extender las tensiones”, agregó el vicepresidente nacional indígena electo del Partido Por la Democracia (PPD), Domingo Namuncura. El “Comando Jungla” en vez de aplacar la violencia, la fomenta dijo el alcalde de Reinaco y presidente de los alcaldes mapuches, Juan Carlos Reinao. En tanto, las familias y comunidades indígenas subían videos todos los días a las redes sociales por Internet, mostrando la represión de los carabineros.

A pesar del rechazo de actores políticos y ciudadanos, la línea estratégica del Gobierno se ha mantenido inalterable dejando que el peso de las situaciones que deben tener cauce político, como es el caso de las demandas de los pueblos originarios, recaiga en la confrontación bélica, alejándose del diálogo y el verdadero respeto que ellos piden.

En tanto, la presión que recibe la administración piñerista desde sus filas no es menor. Los diputados UDI le exigen citar al Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) desde la estimación que la problemática de La Araucanía es de “alta peligrosidad”, por la delincuencia y “el terrorismo” causado por grupos mapuches que han extremado sus métodos de lucha, argumentaron.

El Comando Jungla

“La Araucanía tiene problemas especiales y por ello requiere cuidados y atenciones especiales”, dijo el Presidente Piñera al presentar el comando especial “Jungla” de alta especialización para el control policial en la  Región de La Araucanía, provincias de Cautín y Malleco; y en la provincia de Arauco y la comuna de Alto Biobío, dotados de drones, visores nocturnos, carros anfibios Mowag y autos blindados, se dijo.

La discusión sobre el Comando Jungla se llevó a si es o no un invento de los medios de comunicación. El mandatario culpó a la prensa por el apelativo, sin embargo, una comunicación oficial de Carabineros reconoció que un grupo de efectivos del GOPE, a cargo de la Subdirección General de Carabineros Chile, sí fue enviado en el mes de junio a la selva de Colombia y a Estados Unidos a recibir una capacitación antiterrorista llamada “Comando Jungla”, la que fue impartida por la policía de Colombia durante un mes.

Se difundió que 15 efectivos chilenos asistieron a una versión corta del “curso de procedimiento Jungla contra el narcotráfico”, dictada por el coronel Oscar Fabián Solarte, Jefe del Área de Interdicción de Operaciones Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia, quien confirmó haberlos entrenado y graduado a todos en instrucción que incluyó enfermería, guías de exploración en helicóptero e incluso tácticas de sobrevivencia, con un entrenamiento físico a pruebas de resistencia.

¿Por qué se eligió Colombia para esta capacitación? Para el Ministro del Interior chileno era la posibilidad de aprovechar la experiencia de la policía colombiana, “muy especialmente en lo que ha sido la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra la acción terrorista”.

La institución que imparte este curso a policías es el Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (COPES), que es una unidad de la Dirección de Seguridad Ciudadana (DISEC) ​de la Policía Nacional de Colombia, “altamente entrenada y especializada, encargada de ejecutar operaciones de alto riesgo, tanto a nivel urbano como rural, y en casos de crisis nacionales en las cuales se vea comprometida la estabilidad del Estado”, de acuerdo a su definición oficial.

Su Manual de Operaciones Especiales de la Policía Nacional de Colombia, contempla el desarrollo de cursos nacionales e internacionales de Comandos de Operaciones Especiales, y distingue varios tipos de preparación dependiendo los grupos de que se trate. Entre otros, se contempla los Comandos Jungla como “unidad policial operativa especializada de la Dirección de Antinarcóticos, a través de la cual se ejecutan operaciones de interdicción, erradicación, contra estructuras dedicadas a la oferta de drogas ilícitas y grupos al margen de la ley”.

Adicionalmente, el Manual consigna un acápite normativo sobre el respeto a los Derechos Humanos donde se señala de forma expresa la prohibición de: “matar o herir a un adversario que se rinda o que esté fuera de combate” y que “Las personas fuera de combate y quienes no participan directamente de las hostilidades tienen derecho a que se les respete la vida, la integridad física y moral. Serán protegidas y tratadas, en toda circunstancia, con humanidad, sin ninguna distinción de carácter desfavorable. Se prohíbe toda violencia contra la población civil. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles”.

El descrédito de la Seguridad Pública

El General Director de Carabineros, Hermes Soto, citado el 26 de noviembre a la Comisión de Derechos Humanos del Senado, confirmó que el personal del GOPE, seguirá presente en La Araucanía “porque se necesita la presencia de Carabineros”. Esta declaración, grave en sí misma a la luz del impacto ocasionado en la opinión pública, elude la falla de control que se tiene sobre los efectivos apostados en la zona de conflicto. El día del baleo, el General Soto aseguró en conferencia de prensa que se había tratado de un enfrentamiento, pero más tarde tuvo que desdecirse y reconocer que los oficiales del GOPE le habían mentido, y que dispararon a mansalva.

Los cinco efectivos involucrados en el asesinato de Camilo Catrillanca desinformaron a sus superiores, demostrando el escaso control que existe en los procedimientos y en el uso del instrumental de que disponen para la labor de vigilancia policial. Al momento del operativo, dijeron no portar la cámara Go-Pro asignada para el registro de la acción policial. Luego reconocieron haberla usado y destruido su tarjeta memoria con la que se habría grabado el baleo. Es decir, se preparaba un nuevo montaje para ocultar evidencias cuando todavía está en la retina el montaje de la Operación Huracán.

El Gobierno no ha demostrado control del GOPE en la Región. La renuncia del ex Intendente Luis Mayol, se precipita porque precisamente la única información de que dispone es la que le proporciona Carabineros que resultó ser falsa, según él mismo reconoció y también se reveló en las declaraciones de los carabineros involucrados ante el Fiscal de Alta Complejidad de La Araucanía, Enrique Vásquez.

La supuesta especialización con la que cuentan queda en entredicho en su efectividad. Los grupos especializados y capacitados para intervenir en zonas de conflicto no son muchos. Desde el año 2007 en adelante son alrededor de 35 funcionarios que han pasado por estos cursos en Colombia, 15 de ellos este año.

Es decir, de los 80 sólo 35 están realmente capacitados. Ninguno de los efectivos envueltos en el asesinato de Camilo recibió capacitación. Queda la interrogante acerca del sentido y destinación de esta especialidad en seguridad. ¿Quiénes son los que están dirigiendo las operaciones? ¿Cuáles son los niveles de control interno del mando de Carabineros y del poder político?

Retrasos en la institucionalidad indígena

En el ámbito institucional, el recién pasado gobierno de Michelle Bachelet presentó y tramitó el Proyecto de Ley que crea el Ministerio de Pueblos y el Proyecto de Ley que crea el Consejo de los Pueblos Indígenas y los Consejos de cada Pueblo, ambos ya para la discusión general, en segundo trámite constitucional en el Senado.

El reciente anuncio de ponerles urgencia aún no se concreta. De acuerdo a la información proporcionada por Mario González, asesor legislativo de la única parlamentaria mapuche, Emilia Nuyado, cuando el ministro Moreno se reunió como el primer citado de la bancada indígena, les confirmó que el Gobierno solo hará indicaciones sustitutivas al Proyecto que crea los Consejos de Pueblos. Uno de ellos, traspasará al Servicio Electoral (SERVEL), el sistema de elección de los consejeros, modificando la propuesta original que asegura a cada pueblo usar su propio mecanismo de elección.

En cuanto al Proyecto de Ley sobre el Reconocimiento Constitucional, también anunciado, podrá respetar los acuerdos alcanzados en la Consulta Constituyente Indígena del 2017, aunque no es descartable sea más simbolismo que resguardo de derechos colectivos, estiman en el círculo legislativo.

Y sobre el Proyecto de Ley de Cuotas para la participación política de los pueblos indígenas, el gobierno está pensando en una ley parecida a la que reserva un porcentaje de representación a las mujeres. Este sistema responde al modelo de minorías, considerado un error por los dirigentes de pueblos originarios, que aspiran a ser reconocidos como pueblos, con diferencias culturales y políticas, pero con igualdad de derechos. El titular de la cartera reconoce que este tema será debatible.

La cifras de pobreza en La Araucanía

El 17,2% de la población está en condición de pobreza por ingresos comparado con un 8,6% a nivel nacional. El 4,6% de la población está en situación de pobreza extrema, siendo la región más pobre del país, comparado con un nivel nacional de 2,3%.

Y 28,5% en la región está en pobreza multidimensional,  comparado con un 20,7% el promedio nacional. En cuanto a Educación, el promedio de años de escolaridad en mayores de 18 años es de 10,2, versus 11 a nivel nacional. Respecto al servicio de transporte público, es de 87,8% en tanto que a nivel país es 94,2%. La cercanía a un centro de salud es de 74,3% y a nivel país es de 84,7% (CASEN 2017)

El desesperado Plan de Inversión

El Plan Impulsa Araucanía propone una inversión pública de US$ 8 mil millones y US$ 16 mil millones del sector privado entre 2018 y 2026, para infraestructura, salud, vialidad, educación y otros. Adicionalmente, la creación de 10 Liceos Bicentenarios de Excelencia para educación técnica. Poco se ha dicho que éstos requieren Consulta Indígena porque implica modificar la actual Ley Indígena. Y dado el estado de deterioro de las relaciones con los pueblos originarios, tendrá que verse su viabilidad.El derrumbe de los planes gubernamentales. El tema de la represión y la militarización. Iniciativas legislativas para otorgar derechos a pueblos indígenas, con retraso.

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