La provocación montada por la derecha y los medios en relación al encuentro entre Boric y Orsini y Palma, hiede a maniobra fascistoide.

Eduardo Contreras
Abogado

15/11/018. Seamos claros: la provocación montada por la derecha y los medios de comunicación a su servicio en relación al encuentro entre los diputados Boric y Orsini y Ricardo Palma, quien está acusado de haber participado en la muerte de Jaime Guzman, líder del pinochetismo, justo en momentos en que escándalos reales afectan a los centros del poder hegemónico de la sociedad chilena, hiede a maniobra fascistoide.

La que se inscribe en el mismo marco en que ¡vaya casualidad! en Brasil el mayor exponente actual de la antidemocracia, Bolsonaro, anuncia medidas en contra de las organizaciones progresistas de su país.

Sostener que en América Latina soplan vientos turbulentos que nos recuerdan los sucesos de mediados de los años 60 del siglo pasado iniciados con el derrocamiento de Joao Goulart, no es por cierto una novedad en una región en que la influencia de los sectores democráticos ha disminuido ostensiblemente.

Quiero ser muy claro en lo que se refiere al montaje derechista contra los parlamentarios.

Como hombre del área de las ciencias jurídicas, respetuoso del Derecho, desde luego que comparto plenamente el derecho a la rebelión que asiste al pueblo cuando se enfrenta a un gobierno de facto, ajeno a la juridicidad, y que sea dictatorial e ilegítimo. Es por demás un derecho reconocido hasta por la propia Iglesia Católica desde hace muchísimos años.

Y por esa misma formación académica y profesional, rechazo en cambio la ejecución de personas que se produzca en condiciones distintas de una dictadura. En concreto, no compartimos el asesinato de Jaime Guzmán, por más fascista que efectivamente él haya sido, dada su calidad de principal ideólogo del régimen de un criminal de la talla de Pinochet.

Y, debo aclarar, la condena es a cualesquiera que efectivamente haya sido el autor del hecho. Lo aclaro en función de las fundadas dudas que en verdad quien mató a Guzman hayan sido hombres del ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, cuyo odio personal contra Jaime Guzman era más que conocido.

Pero por idénticas razones no reconocemos como democracia plena a un sistema que, como el chileno, mantiene en lo esencial el modelo de sociedad que impuso la dictadura al costo de miles de chilenas y chilenos que fueron detenidos desaparecidos, ejecutados, torturados, prisioneros, exiliados. Tanta es nuestra lamentable realidad que a pesar del paso de los años el Estado de Chile, todos sus órganos, así como el desarrollo de la vida de todos los ciudadanos del país continúa rigiéndose por la misma Constitución Política impuesta por la dictadura.

Pero además es preciso recordar que la situación era todavía peor a la fecha de la muerte de Guzmán en el año 1991, cuando aun no era posible siquiera iniciar acciones judiciales en contra de los culpables del genocidio desatado por el gobierno norteamericano y la derecha chilena.

Y es precisamente el respeto a la normativa jurídica internacional lo que motiva nuestro pleno respaldo a la decisión del gobierno de Francia -al que supongo ningún fanático sería capaz de juzgar como de revolucionario -de haber otorgado asilo político a Ricardo Palma Salamanca, a quien se acusa como eventual culpable.

Entre tantas razones para ese asilo se encuentra la natural desconfianza de la comunidad internacional a las instituciones chilenas, lo que no es asunto del pasado. Con toda razón se mantiene hoy. ¿Y cómo no cuando se comprueba lo que sucede en instituciones supuestamente serias y patrióticas como los institutos armados?

El listado de oficiales de ejército dados de baja recientemente ocupa varias páginas.

Una corrupción que no reconoce límites es lo que singulariza hoy a las Fuerzas Armadas, Carabineros y a la PDI. A su turno la Corte Suprema comenzó a dictar beneficios y libertades en favor de los peores criminales de nuestra historia justo ahora cuando gobierna Piñera, el mismo del caso de la estafa al Banco Talca, el mismo fogoso orador en defensa del dictador cuando estaba detenido en Londres.

El actual Ministro de Justicia fue gran amigo del nazi Paul Schaeffer y por cierto defensor de Colonia Dignidad.

El jefe de la Inteligencia de Carabineros encabezaba el grupo delictual que en esa institución fabricaba pruebas falsas en contra de los comuneros mapuches.

Se rinde homenajes a criminales como Krasnoff Marchenko y otros similares de otras instituciones, como la PDI.

El ex Comandante en Jefe del Ejército don Juan Emilio del Sagrado Corazón de Jesús Cheyre, ha sido condenado como encubridor de atroces crímenes.

Esto y mucho más es lo que la ofensiva fascistoide de la derecha chilena trata de ocultar con incidentes sin fundamento alguno como el de Boric y Orsini al que la inmensa mayoría de los medios de comunicación, como siempre, hacen coro.

Lo cierto en cambio es que sobran las razones para comprender la sensatez y el sentido jurídico de la reciente resolución de la Oficina Francesa de Protección a los Refugiados y Apátridas (Ofpra) de otorgarle la calidad de refugiado político a Ricardo Palma Salamanca.

Pero las razones de orden jurídico no son precisamente las que importan al pinochetismo y la prueba es precisamente la acusación de parlamentarios de la UDI y RN en contra de Boric y Orsini porque, dicen, su encuentro en Francia fue “absolutamente incompatible con la ética parlamentaria”.

En rigor lo que es absolutamente incompatible con la ética y no sólo la parlamentaria, es la conducta de los parlamentarios de la derecha chilena, es decir de esa vasta gama de fanáticos partidarios de la dictadura de Pinochet, una de las más sangrientas de toda la historia. Estos acusadores son los mismos que apoyaron el golpe del 73, los mismos que jamás han condenado la existencia de miles y miles de detenidos desaparecidos y ejecutados en Chile. Son los mismos cómplices y encubridores del horror. Son sus parlamentarios los que debieran quedar inhabilitados porque su conducta de siempre, su apoyo sin reservas a la dictadura, compromete gravemente el honor de la nación, como dice textualmente el Artículo 60 de la propia Constitución pinochetista que nos rige.

Más de uno de los personajes de la derecha criolla viajaron a Brasil y se abrazaron con Bolsonaro, aquel sujeto elegido presidente de su país y que se declara partidario de la tortura y el crimen y que ya busca fórmulas para perseguir a sus eventuales opositores. Esos encuentros sí comprometen el honor de Chile, pero nadie dice nada.

Homenajear a los violadores de derechos humanos en Chile, eso sí es condenable.

Solidarizar con los que introdujeron arañas e insectos en la vagina de sus prisioneras a las que violaban ellos mismos o sus perros amaestrados al efecto, eso sí daña la honra de esta nación.

Solicitar la libertad de los genocidas y, peor, concedérselas, eso sí que es grave.

Tiene razón Francia al no confiar en el sistema administrativo de estos años de la interminable transición chilena. Han sido los años de las mesas de diálogo, de la justicia en la medida de lo posible, o del encuentro en la Moncloa entre políticos y militares para que todo quedara en nada. Han sido años en que ha costado enormes esfuerzos y sacrificios lograr el juzgamiento de quienes aquí cometieron delitos de lesa humanidad que con toda razón estremecieron al mundo.

Por eso mismo es que llama la atención que sectores del PS y del PPD se hayan sumado de algún modo al reproche contra Boric y Orsini que además los fascistas chilenos han pretendido extender en contra del Secretario General del Partido Comunista, diputado Guillermo Teillier.

Esperemos que la confusión que crean los medios de comunicación se vaya disipando y no impida ver la realidad objetiva que no es otra que esta cháchara sin sentido sólo busca que pasen sin mayores consecuencias los gravísimos hechos que afectan a instituciones básicas del Estado poseedoras del poder real en la sociedad.

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