Domingo 16 de Diciembre del 2018

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Ex ministro Barraza salió al paso a plan La Araucanía

 

 

 

 

 

 

 
Planteó que “habrá una 
resistencia política de las comunidades”. Criticó proyectos del Gobierno que ponen “en declive” a la “derecha social”.

Hugo Guzmán. Periodista. El ex ministro de Desarrollo Social del Gobierno de Michelle Bachelet, Marcos Barraza, salió al paso al Plan de Impulso de La Araucanía que presentó el Presidente Sebastián Piñera, calificándolo de asistencialista y que responde a intereses de la multigremial en la región. Indicó que la propuesta de arrendar las tierras está hecha a la medida de las forestales y debilita la propiedad de parte de las comunidades. Además, apuntó que más que cuotas para indígenas en elecciones, se requiere de “reserva de escaños” en el Congreso.

Barraza, de militancia comunista, dijo que el posicionamiento de su sucesor en el Ministerio, Alfredo Moreno, responde más a una cuestión comunicacional que de avances efectivos y enfatizó que los anuncios del Presidente Piñera, “sobre todo la contra reforma tributaria, de un proyecto de ley que desnaturaliza la reforma laboral, en materia de pensiones que buscaría profundizar el sistema de capitalización individual, dan cuenta de que está en declive (el) ideario de la derecha social”.

El Gobierno presentó el Plan Impulso a La Araucanía: 8 mil millones de dólares, cuota a candidatos indígenas, opción de arriendo de tierras de comunidades mapuches…

El Gobierno de Sebastián Piñera y la derecha optaron por persistir en una política que aborda la problemática de pueblos originarios desde un enfoque asistencialista, apostando por disminución de la pobreza no desde una noción de comprensión de la realidad de esos pueblos, con derechos sociales, económicos, culturales y políticos de manera integral. Uno no puede estar de acuerdo en que se debiliten los derechos de los pueblos indígenas.

Pero pareciera que se refuerzan.

Hablemos de algo clave como es la tierra. Este es un plan hecho por y para los empresarios de La Araucanía. Contempla la modificación del Artículo 13 de la Ley Indígena -que, por cierto, requerirá de consulta indígena, no puede aplicarse sin consulta- que apunta a que las comunidades indígenas puedan arrendar sus tierras por 20 o 25 años. Eso es altamente coincidente con que la plantación de pinos y forestación en La Araucanía se demora entre 20 y 25 años, es decir, se está promoviendo profundizar una economía de carácter rentista con alto perjuicio para la forma de vida y cosmovisión del pueblo mapuche. Se apoya a las forestales. El espíritu de la Ley Indígena, y por eso prohíbe la enajenación de las tierras, es que las tierras restituidas en derecho para las comunidades permanezcan en pertenencia de ellas: su propiedad, uso y gozo. Este plan debilita la propiedad de las tierras de las comunidades, porque además se busca que sea de manera individual el arriendo, no por comunidades.

¿Y las inversiones o recursos financieros?

Aquí lo que se anunció fue una inyección de recursos a los empresarios de La Araucanía para generar fomento y trabajo, no al desarrollo de las comunidades. El foco está puesto en la utilidad de las grandes empresas y no en el desarrollo con pertenencia cultural a partir del emprendimiento de las propias comunidades.

Piñera habló de reconocimiento constitucional…

Existe un alto consenso en todo el mundo indígena, y con ello se traspasa al pueblo mapuche, de que Chile requiere de un reconocimiento constitucional de carácter político, no cultural ni simbólico como fue el anuncio que hizo el Presidente Piñera. Ellos no requieren de cuotas en los partidos políticos, requieren de escaños reservados, porque estamos hablando de pueblos que tienen una cosmovisión distinta y en consecuencia tiene que estar asegurada su representación en el Parlamento. No a través de los partidos necesariamente, sino de representación de las comunidades, de ellos mismos, de sus autoridades.

El senador Francisco Huenchumilla dijo que en este tema fue más asertivo un Gobierno de derecha que lo que pudo hacer el Gobierno de la Nueva Mayoría.

Yo en eso discrepo del senador Huenchumilla. Coincido, eso sí, en que el gran déficit de los partidos de izquierda y de centro, en los pasados años, fue no tener una solución política para el conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno. La derecha hizo una construcción de 20 años o más para criminalizar al pueblo mapuche y en su momento, partidos de la Concertación se asimilaron a esa criminalización. En el Gobierno de la Nueva Mayoría fue, evidentemente, una tensión entre quienes constituíamos el conglomerado, el tratamiento hacia el conflicto indígena. En ello hay un déficit fundamental en no haber leído y en haber sido más bien pasivos respecto del discurso de la derecha de la criminalización. Cosa distinta es no reconocer los avances del Gobierno de la Nueva Mayoría. Y creo que el gran avance fue que se hizo una consulta indígena, donde participaron 27 mil personas, tanto en el proceso participativo como de consulta, donde se estableció reconocimiento constitucional de carácter político, escaños reservados en el Congreso y derechos territoriales de autonomía.

Pero quedó instalada la imagen de la Operación Huracán, promovido desde el Ministerio del Interior del Gobierno anterior.

Es ahí cuando señalo que la izquierda y el centro deben resolver el tema de la comprensión de la realidad de los pueblos originarios. Uno tiene que aceptar que tienen derechos políticos, si los considera primeras naciones que existieron en el país. En eso, al interior de la izquierda y el centro, hay diferencias que se tienen que resolver.

El Plan contempla, finalmente, seguir adelante con la creación del Ministerio Indígena. Se había dicho que esta administración no lo haría, dejaría congelado el asunto en el Parlamento.

Este Gobierno se vio obligado a seguir legislando en cuanto al Ministerio de Pueblos Indígenas y el Consejo de Pueblos Indígenas porque hasta fuerzas de derecha en la región saben que se requiere de una institucionalidad que permita canalizar las demandas de esos pueblos. Esa institucionalidad es el Ministerio y el Consejo, con complemento de escaños reservados en el Congreso que permita deliberación política y asegurar participación y legislación con enfoque de derechos de los pueblos indígenas.

No tenían muchas ganas en La Moneda respecto a esa institucionalidad.

Es inexplicable que el Gobierno de derecha se haya demorado seis meses en darse cuenta de que tenía que legislar el Ministerio y el Consejo de Pueblos Indígenas, en circunstancias que está en último trámite constitucional en el Senado.

¿Usted tiene alguna apreciación de cuál será la reacción del pueblo mapuche, de sus comunidades ante el plan del Gobierno?

Creo que habrá una resistencia política por parte de las comunidades organizadas. Creo que el Gobierno de derecha va a intentar clientelizar a las comunidades, porque en los hechos quien está dirigiendo la política indígena en este país en estos momentos, es la multigremial, que tiene un componente discursivo de derecha integrista.

En ese plan tiene protagonismo el Ministerio de Desarrollo Social, que usted encabezó en el pasado Gobierno. Ahora le agregaron que es el ministerio de la familia.

Es un proyecto legislativo sin mucho espesor técnico ni político. En el fondo, eso de Ministerio de Desarrollo Social y la Familia, da cuenta de una concepción ideológica altamente restrictiva desde el punto de vista de cómo se organizan las familias. En Chile, el 47% de las familias tienen jefatura de hogar femenina, monoparental, hay parejas del mismo sexo que constituyen familia, hay parejas que tienen matrimonio concluido y se juntan con sus hijos. Cuando se habla de “la” familia, de un solo tipo de familia, se excluye a la mayoría de familias y se niega una realidad. Eso es integrismo de derecha, conservadurismo de derecha. Además, en el país, la política social a través de los 76 programas que existen, se expresa de manera natural a través de las familias; el subsidio de arriendo, bono trabajador mujer que complementa salario de una mujer trabajadora, el aporte familiar permanente.

¿Sería redundante colocar que es además de Desarrollo Social, ministerio de la familia?

No. Es otro el asunto. En nuestro Gobierno se pasó de un nivel de intervención que se restringía exclusivamente a la familia, a un nivel de intervención en familias agrupadas en comunidades. Porque la política pública efectiva es la que empodera a territorios y comunidades. Fue lo que se hizo con la Ley de Seguridad y Oportunidades que atiende a las 135 mil familias más vulnerables, agrupándolas en territorios de intervención, de modo de empoderar a esa comunidad y no solo a la familia. La familia que puede salir de la pobreza es aquella que posee empleo digno y de calidad, que son objeto de derechos en materia de protección social, siempre que estén en un territorio y una comunidad donde intervenir. Si uno lee el programa del Presidente Piñera, se señala que el nivel de intervención no es la comunidad, porque el Estado no puede mediar con las comunidades ante las familias. Hay una concepción ideológica para desestructurar el derecho social en términos de dimensión colectiva y atomizarlo en cada familia. Se apunta a desagregar a la familia de su comunidad. Cuando existe esa comunidad, esa comunidad y las familias están en condiciones de exigir más. Se busca, por ley, que no sean las comunidades las que se organizan.

¿Es una concepción conservadora?

Es altamente neoliberal.

En un par de entrevistas el ministro Alfredo Moreno criticó la gestión social del Gobierno de Michelle Bachelet. Que se buscó un país menos desigual y eso al final no ocurrió, que los índices de pobreza no fueron buenos, por políticas públicas que no fueron eficaces, por efectos de malas reformas.

El Gobierno de la Nueva Mayoría tuvo avances importantes en materia de políticas sociales. Si uno revisa los datos de la Casen 2015 y 2017, reflejan disminución de la pobreza por ingresos de 5,8 porcentuales, es decir, se pasó de un 14 a un 8 por ciento. Eso fue fruto de políticas contra cíclicas que se aplicaron entre el 2014 y el 2015 por parte del Estado y de la efectividad de una política social que es capaz de llegar a los grupos más vulnerables. Sin embargo, si bien la desigualdad disminuyó el 2015, esa disminución se estancó el 2017, no es que haya aumentado la desigualdad. ¿Qué refleja eso? Que una disminución progresiva y estructural de la desigualdad requiere de más reformas estructurales.

Todo lo contrario de lo que dice el ministro Moreno y el Gobierno.

Exacto. Los indicadores en materia de pobreza por ingreso y pobreza multidimensional, la cual se mantiene sin variación, dan cuenta de que, por ejemplo, los efectos de la reforma en educación no se van a visibilizar ahora, empezó el 2015 y se van a visualizar el 2021. Los efectos de la reforma tributaria, en el entendido que la actual oposición es capaz de contener la embestida de la derecha para desnaturalizar la reforma que se hizo en el Gobierno de la Nueva Mayoría, también se verán progresivamente en los años que vienen. En el fondo lo que hace el actual ministro de Desarrollo Social, es defender una política regresiva en materia tributaria en beneficio de los grandes empresarios y grupos económicos, en detrimento del interés social. Mire, los resultados de la Casen demuestran que se requiere de políticas sociales efectivas y de reformas estructurales en el plano de la educación, de la salud, de la vivienda, del empleo y la seguridad social, a saber, el sistema de pensiones.

Aun así, los dichos y la gestión de Alfredo Moreno está instalada como de avance, hasta lo siguen mostrando como un presidenciable de la derecha.

En los hechos, realmente, no veo nada sustancial, nada novedoso, nada de gran avance. Sí veo gestión mediática. Mire, en materia de infancia no hay ninguna modificación estructural y sustantiva. No vemos nada en ley de garantías o servicios especializados. En materia de adultos mayores el Gobierno solo anunció una reforma y habrá que ver de qué se trata, creo que van a intentar profundizar la lógica de los seguros privados. Las señales son malas en tema de pensiones. En materia de personas en situación de calle lo que hicieron fue dejar de lado una política de protección social de carácter integral, y solo favorecieron las alertas tempranas. En otros temas, áreas y programas no vemos nada nuevo. Yo creo que hay mucha pirotecnia y efectismo comunicacional, pero poca sustancia desde el punto de vista de políticas sociales efectivas, concretas.

Es un Ministerio clave en la tesis que hay dentro de sectores del oficialismo, de la existencia de una “derecha social”.

Con los últimos anuncios del Presidente Piñera, sobre todo la contra reforma tributaria, el anuncio de un proyecto de ley que desnaturaliza la reforma laboral, los anuncios en materia de pensiones que buscarían profundizar el sistema de capitalización individual, dan cuenta de que está en declive este ideario de la derecha social. Y que al final lo que se impone es la hegemonía del capital. Si en algún momento cohabitaron identidades distintas en la derecha, una de carácter más social, otra de carácter más sensible a los temas valóricos, lo que terminó por imponerse fue el empresariado y la derecha económica. El discurso de la derecha social se extinguió con las acciones del Gobierno de Piñera.

¿Y dónde sitúa el discurso, la propuesta, que debe tener la oposición? El Gobierno insiste en que sólo torpedea, pero no plantea.

La oposición tiene el deber de hacer defensa de las reformas y transformaciones que se impulsaron y se hicieron durante el Gobierno de la Nueva Mayoría, con efectos sociales positivos, y porque son el piso desde donde se puede edificar una sociedad de bienestar. Pero agrego, es necesaria una discusión programática en el actual momento, que debe abordar el tema del modelo de desarrollo que se sostiene en esta democracia. Es evidente que la economía de carácter extractivista se sostiene en una Constitución que propicia la subsidiariedad por sobre el interés colectivo. Entonces, así como la oposición tiene que confrontar con claridad conceptual la embestida neoliberal del Gobierno de Sebastián Piñera, también debe presentar con claridad el camino alternativo de desarrollo y la necesidad de más reformas estructurales. La discusión sobre modelo de desarrollo y sostenibilidad de reformas es clave en el presente y en el futuro.

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