noviembre 7, 2023Prensa el Siglo

Una minuta circula entre fuerzas oficialistas y sociales donde se anotan temas controversiales respecto a la propuesta de Constitución hecha por representantes del Partido Republicano y Chile Vamos. Ellas apuntarían a dar argumentos para rechazar el nuevo texto en el plebiscito de diciembre próximo. “Se trata de una Constitución programática y conservadora, de un solo sector político, que por sus deficiencias técnicas graves e imprecisiones conlleva un alto riesgo de judicialización (es decir, que sean los tribunales la instancia en que se determine en gran medida contenidos). Es una suerte de constitución del 80 reforzada”, se estableció.

“El Siglo”. Santiago. 7/1172023. Está circulando entre fuerzas oficiales y organizaciones sociales una minuta que establece a lo menos 30 razones para votar En Contra de la propuesta de Constitución que emanó del Consejo Constitucional donde primaron las tesis del Partido Republicano y de las colectividades de Chile Vamos.

Se plantean una serie de argumentos para esgrimir la posición de rechazo al nuevo texto constitucional y que podrían ayudar en la campaña, de cara al 17 de diciembre, para poner freno a la propuesta de la extrema derecha y la derecha.

En la minuta se indica que “se trata de una Constitución programática y conservadora, de un solo sector político, que por sus deficiencias técnicas graves e imprecisiones conlleva un alto riesgo de judicialización (es decir, que sean los tribunales la instancia en que se determine en gran medida contenidos). Es una suerte de constitución del 80 reforzada”.

Estos son algunos de los 30 temas y las consideraciones negativas sobre sus contenidos.

Derecho a la salud.  Se amarra el actual sistema de salud, al incorporar explícitamente la existencia de entidades privadas para la administración de los fondos (ISAPRES). Genera incertidumbre en el gasto de bolsillo (costo de salud) porque este derecho se condiciona a la capacidad económica de las personas. Se constitucionaliza el modelo de Isapres.

Derecho a la educación.  Debilitamiento del currículum nacional y de las potestades del Ministerio de Educación. Se establece libertad de enseñanza que abre la puerta a mayor privatización de la educación y acotar materias. Se privilegia la educación privada por sobre la educación pública. La actual propuesta permite el lucro en instituciones privadas de educación. El nuevo texto no incluye la gratuidad progresiva de la educación superior.

Derecho a la Seguridad Social (pensiones). Cierra el debate sobre pensiones, protegiendo la industria de las AFP. La norma es más restrictiva que la Constitución actual, pues impide reformar el sistema para que otorgue pensiones dignas, fijando el régimen de capitalización individual como único modelo. Se consolida un diseño específico para satisfacer la seguridad social. Riesgo de inconstitucionalidad de la Ley “Papito Corazón”, ya que implica la retención judicial de fondos previsionales por parte del Estado (tribunales) ante incumplimiento de deberes alimentarios.

Agua. Se perpetúa la propiedad sobre los derechos de agua, yendo más allá que la Constitución vigente, ya que agrega la facultad de “disponer, transmitir o transferir” las concesiones. Esto genera el riesgo de inconstitucionalizar la última reforma al Código de Aguas, que estuvo más de 10 años tramitándose y estableció una temporalidad de las concesiones. Así, se permite que los privados puedan seguir lucrando con este recurso sin límites a costa de las familias que viven la escasez hídrica.

Desprotección a niños, niñas y adolescentes. La derecha se negó a reconocer los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Se desfiguró el interés superior de los niños, ya que está sujeto a la determinación prioritaria de los padres (o tutores), lo que pone en riesgo la situación de miles de niños que se encuentran totalmente desprotegidos en sus familias de origen o que están en una situación de abandono. Hoy la derecha abre una puerta hacía la impunidad de la violencia física, sexual y emocional, así como el abandono y la explotación de NNA. En familias en donde la violencia familiar es un cotidiano

Paridad. La derecha se opuso desde el inicio del proceso a hablar de paridad, en un proceso que era paritario, frenando los avances que se han logrado institucionalmente los últimos años. El principio de participación política de las mujeres quedó debilitado en la versión final, consagrando solo el acceso equilibrado a las candidaturas, igual que la ley actual, que establece un sistema equilibrado hasta el 2029.

Límite al Congreso Nacional. Se aprobó una norma transitoria, que se limita al Congreso y dura dos periodos, en que un sexo no puede superar el 60% de los escaños.

Riesgo aborto 3 causales.  Se abre el riesgo de que se declare inconstitucional la ley de aborto en 3 causales, es decir, aborto por violación, inviabilidad fetal y riesgo de vida de la madre, tanto por la norma que establece que “la ley protege la vida de quien está por nacer” y “niño es todo ser humano menor de 18 años”.

Sistema electoral a la medida de la derecha.  Se establece una cifra mágica de 138 diputados, sin razones ni argumentos técnicos, disminuyendo la representación por distrito en base a un cálculo electoral desconocido.  Se establecen nuevos distritos de 2 a 6 escaños, lo que volvería binominal la elección en algunos distritos, y sobre representaría a las zonas rurales, con menos habitantes, por sobre zonas urbanas, con más habitantes.  Se deja prácticamente sin efecto el umbral de 5% de votos por partido político establecido en la Comisión Experta, al establecer excepciones que favorecen a algunos partidos chicos (como Amarillos y Demócratas).

Incertidumbre para funcionarios públicos. Se crea un estatuto general de contratación, promoción y despidos a funcionarios de Fuerzas Armadas, Carabineros, Municipalidades, Empresas públicas, Ministerios, Delegaciones Presidenciales, Gobernaciones, órganos públicos, Contraloría, Banco Central, lo que genera un problema grave de gobernabilidad, puesto que son instituciones que tienen formas de funcionamiento muy diversas y complejas.

Seguridad.  Se crean capítulos nuevos como titulares novedosos, pero que replican las mismas normas que la Constitución vigente, pero sin capacidad de implementación práctica. No se resuelven, como se promete, los problemas de delincuencia. La institucionalidad a cargo será la misma y no habrá ninguna herramienta más. Se crea una policía fronteriza, sin dependencia, sin uso de la fuerza, y sin establecer sus autoridades, nombramiento, o funciones. Se realiza una peligrosa jerarquización de víctimas de delitos, mandato a priorizar las víctimas de terrorismo, narcotráfico, corrupción, acentuando la desprotección a víctimas de otros delitos graves como violencia sexual, robos violentos, violencia intrafamiliar, etc. Se mandata a la ley a crear una exención de la responsabilidad Carabineros por uso “racional” de la fuerza.

Deja en peor situación a los trabajadores. Restringe más derechos que la Constitución actual, circunscribiendo el derecho a huelga al procedimiento de negociación colectiva. Además, se limita la negociación colectiva exclusivamente para la empresa en la que laboren los trabajadores.

Migrantes. Es una norma impracticable, una promesa populista sin efectos reales. Ningún país hoy recibe, ni recibirá a extranjeros condenados en Chile para que cumplan su condena.

Objeción de conciencia. Que permite la inmunidad ante la ley.  Se trata del derecho de una persona o institución de eximirse del cumplimiento de una ley por razones relacionadas con su religión. En Chile está consagrado para médicos e instituciones médicas objetar realizar un aborto en 3 causales, pero en esta Constitución se establece para todos los derechos, sin excepciones. No existe otra regulación similar en el mundo, al menos no con una libertad de conciencia y religión tan sobrecargada.

Medioambiente. Se debilita la protección medioambiental, ya que se rechazó establecer los principios básicos de prevención, precaución, no regresión, justicia ambiental, proambiente, equidad y justicia climática, contaminador-pagador, y aquellos que establezca la ley. También se rechazó la protección del medio ambiente marino, la biodiversidad, los glaciares y el paisaje natural. Es decir, se mantiene la misma regulación para las zonas de sacrificio. Se rechazó la posibilidad de distribuir de manera equitativa los costos ambientales, lo que termina por reproducir una enorme desigualdad entre quienes deben asumir perjuicios en su calidad de vida. Un ejemplo concreto es la construcción de autopistas urbanas en Santiago o la localización de vertederos y plantas de tratamiento de aguas servidas, sin consideración en quienes se ven directamente afectados.

Menos impuestos para las grandes empresas.  Se establecen normas tributarias para que grandes empresarios demanden al Estado si consideran que el pago total de sus impuestos es desproporcionado, permitiendo su disminución de impuestos.

Libertad para presos de Punta Peuco.  Se establece a nivel constitucional el beneficio carcelario de arresto domiciliario en caso de enfermedad terminal. Esto permitirá dejar en libertad a personas que hayan cometido diversos delitos, incluido los de violación de derechos humanos, violadores, homicidas, entre otros.

Riesgo de imposibilidad de utilizar el derecho administrativo sancionador. La propuesta coloca tantos límites al ejercicio de la potestad sancionadora del Estado, que dejará sin margen de acción a las agencias administrativas que supervisan el correcto desempeño de prestadores públicos y privados. Esto hace imposible pensar, por ejemplo, en un SERNAC con dientes -a lo que hay que sumar una tímida norma en materias de derechos de consumidores-. Debilita también a las Superintendencias.

No discriminación.  Se elimina la norma contenida en el anteproyecto de la Comisión Experta, que establecía la prohibición de “toda forma de discriminación, directa o indirecta”, además de un deber para los poderes públicos de considerar especialmente la confluencia de más de un motivo de diferencia arbitraria (interseccionalidad).

Garantías penales.  Con el texto aprobado, se pone en riesgo todo el funcionamiento del sistema penal, al exigir una versión extrema del “principio de legalidad” (la exigencia de qué penas y delitos sean establecidos por ley), que no permitiría que se complementen por medio de actos administrativos, cuestión que ocurre todo el tiempo.

Probidad. Se rechazaron todas las normas que ampliaban la fiscalización a los privados que reciben fondos estatales o cumplan funciones públicas, la cual había sido promovida por el oficialismo, pero sí se aprobó la creación de una agencia nacional contra la corrupción, contraviniendo todas las recomendaciones en la materia y pasando por alto las malas experiencias en los países que han concentrado estas funciones en un órgano (riesgo de captura).

Tratados internacionales.  Si bien no se fija expresamente el rango de supremacía de los tratados sobre derechos humanos, se establece que “las normas de derecho interno deberán interpretarse de forma compatible con la Constitución, considerando las disposiciones referidas a derechos y libertades de los tratados”. Esta norma deja a la interpretación el rango de los tratados y añade elementos que hacen más difícil la interpretación de rango constitucional de los tratados internacionales.

Poder Judicial. Se afecta la independencia del Poder Judicial, interfiere con la labor de aplicación e interpretación judicial en materia de derechos constitucionales, pone en riesgo la tutela judicial efectiva. Ha sido muy criticada por la Corte Suprema y por la asociación de magistradas y magistrados de Chile.

Responsabilidad del Estado legislador. El artículo 16 N°35 letra e) señala que “el Estado deberá compensar las cargas públicas discriminatorias, desproporcionadas o de alcance retroactivo. La ley establecerá un procedimiento para hacer efectiva esta compensación. Dicha ley deberá contemplar, además, un procedimiento para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial del Estado por actos del legislador que contravengan esta Constitución, cuando así lo declare el Tribunal Constitucional.  Norma muy compleja porque los únicos casos discutidos en Chile suelen plantearse por grandes corporaciones, por ejemplo, a propósito de la derogación de la Ley de Pesca. De esta manera, esta norma sólo beneficia a quienes tengan la capacidad económica de acceder a la justicia. Además, esta norma podría implicar un cheque en blanco para el gran empresariado ante cualquier nueva regulación que limite el derecho de propiedad.

Desfinanciamiento de los municipios, en especial a los más pobres, por eliminación de contribuciones. Se aprobó una enmienda que establece una exención tributaria a las contribuciones de primeras viviendas, lo que desfinancia a un número importante de las municipalidades del país, por la afectación al Fondo Común Municipal, que es la fuente de ingresos de hasta un 90% de algunas comunas. Sólo el 12,8% de los inmuebles paga contribuciones como primera vivienda.

Promueve el turismo electoral. Permite que las autoridades que ostentan hoy un cargo de representación, tales como alcaldes, puedan postularse más de dos veces pero en otra comuna. Aumenta las posibilidades de que los cargos del Estado se utilicen como un trampolín político y permiten que se cambie de comuna constantemente. Nuevamente se privilegia el cálculo electoral por sobre la posibilidad de que nuevos liderazgos asuman estos cargos.

Tribunal Constitucional como tercera cámara. Queda el mismo Tribunal Constitucional que puede bajar proyectos de ley que ya han sido aprobados por el Congreso Nacional, si es que les perjudica a sus bolsillos, como cuando se buscó dar mayor facultades al SERNAC y lo declararon inconstitucional.

Rechazaron que las FF.AA deban respetar el orden democrático constitucional y los derechos humanos. La derecha rechazó la norma que exigía un mínimo democrático para esta institución, respetar la democracia y los derechos humanos.

Libertad de expresión. Se aprobó una norma que puede implicar poner en duda la validez del informe Rettig y Valech, ya que determina tajantemente que: “(El Estado) en caso alguno podrá establecer ideas u opiniones como únicas u oficiales, y tampoco podrá sancionar la expresión de ideas u opiniones contrarias a la manifestada por el Estado, sus organismos, autoridades o funcionarios”. Además, se rechazó la garantía que el Estado debe asegurar a las personas para la comunicación y la conectividad digital.

Quórum antidemocrático para cambiar la Constitución.  Se aumenta el quórum para reformar la Constitución. El año pasado se disminuyó de manera inédita en el Congreso el quórum de reforma constitucional a 4/7 y con esta propuesta se aumenta a 3/5. ¿Qué es mejor, desarmar una pésima propuesta bloqueada con 3/5 o modificar e introducir mejoras a una mala por 4/7?